Revela CNDH casos de tortura del sexenio peñista

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló nueve casos de tortura por parte de militares, ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y encubiertos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Ocurrieron entre los años 2014 y  2016 en los estados de Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas;  las nueve víctimas son hombres, cuatro de ellos eran militares y dos sufrieron agresiones sexuales.

#CNDH recomienda a @SEDENAmx reparar el daño a los 9 agraviados conforme a la Ley General de Víctimas, inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, y colaborar en la denuncia de hechos y queja que se formule ante @PGR_mx contra los elementos involucrados en los hechos.

— CNDH en México (@CNDH) 12 de diciembre de 2018

“Como práctica constante, se acreditó que los actos violatorios consistieron en el amarre de extremidades (manos y/o pies), golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas (2 personas), golpes con objetos (en glúteos y plantas de los pies), intentos de asfixia y actos violentos”, detalló la CNDH.

De acuerdo con la CNDH , se acreditó como una práctica común entre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) realizar “detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas y que derivan en actos violatorios de derechos humanos”.

Asimismo se acreditó que en seis de los casos los agentes del Ministerio Público Federal, a pesar de tener suficientes elementos para iniciar una investigación penal por el delito de tortura, no lo hicieron en su momento y se señala a un funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) apodado “el licenciado” como el posible responsable de estas omisiones.  

Todos los datos anteriores están en la recomendación 16VG/2018  que la CNDH hizo pública este miércoles pero que fue emitida desde el 28 de noviembre,  apenas tres días antes del cambio de gobierno.

Está dirigida a Salvador Cienfuegos Zepeda y Alberto Elías Beltrán, titulares de la Sedena y PGR (como encargado de despacho)  respectivamente; y tocará al gobierno actual investigar y acatar las recomendaciones.