Ciudad de México.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló los detalles de una compleja red de contrabando de combustibles, lavado de dinero y corrupción aduanera presuntamente encabezada por los exmandos navales Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Ambos hermanos, conocidos en el ámbito delictivo como "Los Primos" y sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, enfrentan actualmente procesos por delincuencia organizada y delitos de hidrocarburos bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.
Las indagatorias, que tuvieron su origen en una denuncia interpuesta por la propia Secretaría de Marina (Semar) en 2024, revelaron operaciones de este grupo criminal en entidades clave como Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
EL GOLPE DE ALTAMIRA Y EL "MODUS OPERANDI"
El entramado delictivo comenzó a desmoronarse tras la incautación de 10 millones de litros de diésel a bordo de una embarcación en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, la organización coordinaba el viaje de buques que zarpaban principalmente desde Texas cargados de combustible, el cual era falsamente declarado como aceites o aditivos para alterar su tratamiento fiscal y evadir impuestos.
Para lograr el ingreso de la mercancía, servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos ilícitos a cambio de realizar inspecciones simuladas.
Estas simulaciones incluían muestreos superficiales, aprobación de volúmenes de carga manipulados y la deliberada desactivación de cámaras de seguridad en horarios específicos para evitar que quedaran registros visuales de las descargas en los puertos.
Una vez en territorio nacional, el diésel se distribuía mediante tres empresas formalmente constituidas, mientras que los activos financieros eran blanqueados a través de firmas fachada y triangulaciones bancarias.
CONTROL DE NOMBRAMIENTOS EN LA MARINA Y HALLAZGOS EN CATEO
La capacidad operativa de la red criminal no se limitaba al traslado de combustible; el grupo delictivo ejercía control interno mediante la gestión de designaciones, ascensos y transferencias de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la propia Secretaría de Marina.
De manera específica, el ex vicealmirante Manuel Roberto administraba y gestionaba estos cargos estratégicos para asegurar la impunidad en los puntos de arribo.
Durante el cateo a una bodega que Manuel Roberto arrendaba en la capital del país, las fuerzas federales aseguraron objetos de lujo y armas de fuego sin registro.
Asimismo, en el inmueble fueron localizadas listas de aduanas marítimas, expedientes de personal de altos mandos navales y documentación de Seguridad Nacional bajo carácter de reservada y confidencial.
Al respecto, la fiscal general advirtió que se mantiene el rastreo de socios, apoderados y enlaces que participaron en las distintas etapas de la organización.
Por su parte, la FGR destacó la estrecha colaboración del actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el seguimiento del caso, reiterando que "la responsabilidad es individual" y que quienes traicionaron su uniforme para servir al crimen deberán responder ante la justicia.
🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, con relación a avances respecto a una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible, popularmente conocido como huachicol fiscal, por vía marítima.…
— FGR México (@FGRMexico) September 7, 2026
IMCM
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