A tres días de recibir un citatorio para comparecer, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acudió esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, como parte de una investigación formal que se inició luego de que el gobierno de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el narcotráfico, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
Rocha Moya, quien se separó de su cargo con licencia desde el pasado dos de mayo; aseveró que mantiene plena disposición de acudir a los llamados que soliciten las autoridades a fin de que “la verdad prevalezca”. Por lo anterior, aseguró que respondió todas las preguntas formuladas por la Agente del Ministerio Público Federal.
Confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando”, expuso a través de redes sociales.
Entre las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos se encuentran conspiración para importar y distribuir drogas hacia el país vecino, delitos relacionados con el tráfico de armas y de recibir financiamiento de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, para su campaña para la gubernatura en 2021.
El mandatario, junto con el resto de los acusados, recibieron la notificación para declarar ante la Fiscalía desde el pasado sábado 23 de mayo; ante lo cual la Secretaria de Gobernación (Segob), precisó que fueron llamados en calidad de testigos.
COMPARECEN VICEFISCAL DE SINALOA Y ALCALDE DE CULIACÁN
En paralelo, el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, quien cuenta con licencia de sus funciones desde el pasado cinco de mayo, también acudió a las instalaciones de la FGR en el estado para brindar su declaración.
Aunque fue hermético ante los cuestionamientos de la prensa, aseguró que “confía en las instituciones”, y dijo no tener comunicación con Rocha Moya ni con los demás implicados en el caso.
Castro Saavedra es acusado por la Corte de Nueva York de colaborar de manera directa con “Los Chapitos”, a quienes presuntamente les filtraba información sobre los operativos que realizarían las fuerzas de seguridad federales. Además, se le acusa de cobrar sobornos a cambio de brindar protección judicial a grupos criminales.
A la declaración de Castro Saavedra y Rocha Moya se suma la de Juan de Dios Gámez Mendivíl, alcalde de Culiacán con licencia desde el pasado primero de mayo, quien es acusado de utilizar su cargo para favorecer las operaciones delictivas de “Los Chapitos” en la entidad.
Por otra parte, el pasado 11 de mayo, Gerardo Sánchez Mérida exjefe de la policía en Sinaloa, se entregó a las autoridades norteamericanas declarándose “no culpable” de los delitos que los vinculan al Cártel, seguido de Enrique Díaz Vega, extesorero de la entidad, quien fue detenido en Europa el 15 del mismo mes.
SHEINBAUM Y MORENA RESPALDAN INVESTIGACIONES
Las acusaciones contra los 10 funcionarios han generado turbulencias dentro del partido al que pertenecen; Morena, así como en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde que tuvo conocimiento de los hechos, fue severa al pedir pruebas de los señalamientos y ha dado su postura sobre el caso como un asunto de respeto a la soberanía, al señalar que México es un país independiente, y no se pueden realizar tales acusaciones por parte de un gobierno extranjero sin un juicio previo.
Por su parte, miembros de Morena, han cerrado filas con Rubén Rocha Moya, siguiendo la misma línea de los argumentos de la presidenta, pero además, asegurando que “no se encubrirá a nadie” y han manifestado su apoyo a la Fiscalía para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.