SCJN admite impugnaciones de Presidencia y Congreso contra suspensión de ‘Plan B’

Redacción

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite recursos de reclamación contra la suspensión del Plan B de reforma electoral en las próximas elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Dichos recursos fueron interpuestos por la Presidencia; el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, así como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán.

Según la lista de notificaciones publicadas ayer en la página de la SCJN, el pasado 2 de marzo se admitieron los recursos de queja promovidos contra la suspensión que concedió el ministro Alberto Pérez Dayán.

Estás fueron turnadas a la Segunda Sala de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, así como por los ministros Javier Laynez, Luis María Aguilar y Pérez Dayán.

La SCJN, el 21 de febrero, admitió a trámite las primeras acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la primera parte del Plan B, hasta el momento suman al menos 49 controversias constitucionales admitidas.

El 20 de febrero, el ministro Pérez Dayán concedió una suspensión contra el primer paquete de la reforma electoral, que entró en vigor en diciembre pasado, para que no sea aplicado en los próximos procesos electorales.

Argumentó que la aplicación de dichas reformas en estos comicios afectaría irreparablemente al sistema democrático y los derechos fundamentales. También consideró que la reforma fue promulgada una vez que comenzó la veda para hacer modificaciones legales en materia electoral.

La suspensión se otorgó por las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, así como por diputados y senadores de oposición.

El Plan B recorta 3 mil 500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), elimina el 85% del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, advirtió el pasado jueves un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).