Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la anulación de la sentencia que había absuelto a los acusados del ataque con ácido contra la saxofonista y activista María Elena Ríos, un paso determinante para evaluar si el juicio debe repetirse.
La decisión fue aprobada por mayoría a propuesta de la ministra Loretta Ortiz y del presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar. No obstante, la institución aclaró que esta resolución no ordena de forma automática un nuevo juicio ni se pronuncia sobre la culpabilidad de los imputados.
Un procedimiento atípico: el origen de la controversia judicial
El conflicto legal proviene de la actuación del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien en agosto de 2024 absolvió del delito de tentativa de feminicidio al empresario y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal —acusado de ser el autor intelectual de la agresión perpetrada el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca— junto a otros dos procesados.
Tras emitir el fallo de absolución, el juez Ramírez Montaño fue suspendido antes de formalizar la sentencia por escrito. Ante esta situación, la jueza sustituta María Antonia Esteva Domínguez resolvió que no podía redactar la sentencia al no haber presenciado las audiencias, por lo que anuló el juicio y frenó la liberación de los acusados.
En respuesta, los procesados promovieron recursos de amparo para reclamar la protección de sus derechos. La Corte decidió asumir la revisión tras haber rechazado previamente, en mayo, una solicitud de la Fiscalía General de la República para atraer el expediente.
Alcance de la revisión y perspectiva de violencia feminicida
Respecto a los límites de la intervención judicial, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, precisó: “En este caso propiamente no vamos a valorar el fondo del asunto”.
La Suprema Corte delimitará su análisis a la circunstancia excepcional del procedimiento para determinar las facultades y alcances de un juez sustituto al anular una absolución y ordenar la reposición de un proceso.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz argumentó la trascendencia de la intervención judicial debido a la gravedad de la agresión sufrida por Ríos en el rostro, la cual puso en riesgo extremo su integridad física y su vida en un caso sin precedentes.
Estamos ante un caso de extrema violencia feminicida”, expresó Ortiz, subrayando las implicaciones que tendrá la decisión para el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género.
Sentar precedentes frente a las agresiones con ácido
En entrevista con el medio Milenio, María Elena Ríos valoró la determinación de los ministros y enfatizó que "es importante sentar precedentes a través del máximo tribunal". La saxofonista advirtió sobre la dimensión actual del problema, señalando que desde el inicio de 2025 a la fecha se registran más de 2.400 mujeres atacadas con sustancias corrosivas.
Vera Carrizal permanece en prisión preventiva desde 2020 por la agresión cometida en 2019. La lucha de Ríos visibilizó la violencia ácida en el país e impulsó la aprobación en 2024 de la Ley Malena en la Ciudad de México para tipificar y sancionar estos ataques.
A nivel federal, el Congreso de la Unión ya había aprobado en 2022 una reforma que reconoció expresamente las agresiones con ácido y sustancias corrosivas como una modalidad de violencia física contra las mujeres.
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