Senado avala que funcionarios de CFE, Pemex y SAT puedan portar armas
Redacción
Ciudad de México. - El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permite a integrantes de empresas públicas y órganos autónomos, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), e incluso el Servicio de Administración Tributaria (SAT), portar armas.
El dictamen fue avalado sin discusión con 100 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal.
“Por ello, en esta iniciativa se propone que integrantes de empresas públicas paraestatales, órganos autónomos, entre otras CFE, Pemex, Banco de México, Casa de Moneda, CNI, SAT y personas físicas o morales puedan portar armas de fuego para el desarrollo de sus funciones de seguridad que emita la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos”.
La reforma al artículo 24, fracción II de dicha ley establece que podrán portar armas de fuego, en los casos y con las condiciones y requisitos correspondientes, los integrantes de organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad.
La reforma amplía los calibres de armas y municiones consideradas exclusivas de las Fuerzas Armadas, así como las armas accionadas por gas o aire comprimido. También se regula el transporte de las armas utilizadas por competidores olímpicos entre sus domicilios y los campos de tiro, los cuales también quedarán sujetos a regulación.
En cuanto a los calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, se especifican los 5.7 x 28 milímetros, .357 en sus diferentes variantes, y el 5.56 milímetros. Esto busca restringir su uso a personas autorizadas y aplicar sanciones a quienes posean o porten estos tipos de armas sin la debida autorización.
También se incluyen silenciadores, visores nocturnos, designadores láser y miras holográficas y térmicas, debido a que se considera que su uso aumenta la eficacia del armamento.
Asimismo, se establece un control más riguroso sobre las armas de fuego en poder de particulares, quienes deberán designar a una persona responsable del arma en caso de fallecimiento del titular o en caso de ausencia declarada.
