Redacción
Ciudad de México.- Mientras el calendario legislativo de 2026 avanza, el Congreso de la Unión se enfrenta a una de las demandas sociales más persistentes de la última década: la legalización de la eutanasia.
A pesar de que siete de cada 10 mexicanos apoyan la muerte digna —cifra que se eleva a 80% entre la población joven—, la práctica sigue clasificada en el Código Penal como “homicidio por piedad”, castigándose con hasta 12 años de prisión.
El epicentro de esta discusión actual es la “Ley Trasciende”, una propuesta ciudadana impulsada por la activista de 31 años, Samara Martínez, quien padece enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal.
Tras ser presentada en octubre de 2025, la iniciativa busca el dictamen de viabilidad el próximo 23 de abril en el Senado de la República, con la esperanza de conseguir una resolución definitiva hacia el último trimestre del año.
ACTO DE JUSTICIA SOCIAL, NO SÓLO MÉDICA
Para sus impulsores, la despenalización no es sólo una cuestión de salud, sino un tema de equidad. Actualmente, acceder a una muerte asistida en México es un "privilegio" de quienes pueden costear viajes a países como Suiza o recurrir a la clandestinidad.
La propuesta busca que el Estado garantice este derecho de forma segura, gratuita y equitativa en instituciones públicas.
Los pilares de la “Ley Trasciende” incluyen requisitos estrictos para evitar abusos:
• Voluntad expresa: El solicitante debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades y ratificar su deseo por escrito ante notario.
• Validación médica: Se requieren dos diagnósticos independientes que confirmen una enfermedad incurable o discapacitante.
• Garantía institucional: Aunque se respeta la objeción de conciencia del médico, los hospitales deben proveer un especialista sustituto en menos de 48 horas.
ENTRE LA FE Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS
El camino hacia la aprobación no está libre de obstáculos. Sectores como la Arquidiócesis Primada de México mantienen un firme rechazo, argumentando que el sufrimiento no elimina la dignidad y que la eutanasia podría ser una salida falsa ante las carencias del sistema de salud.
Por su parte, expertos como el jurista Diego Valadés sostienen que, en un Estado laico, no es válido imponer el dolor innecesario basado en convicciones religiosas ajenas.
Actualmente, México sólo reconoce legalmente la voluntad anticipada (ortotanasia), que permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida artificialmente, pero prohíbe cualquier acción activa para acelerar el deceso.
Con sólo entre 3 a 5% de la población con acceso a cuidados paliativos, la “Ley Trasciende” se presenta como una "ley de amor a la vida" que busca evitar una agonía forzada para miles de pacientes.
IMCM
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