Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, marcó una clara distancia entre su gobierno y el reciente informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que realice un análisis detallado del documento antes de fijar una postura oficial.
El deslinde del Ejecutivo Federal
Sheinbaum fue enfática al señalar que el Gobierno de México no tuvo injerencia en la redacción ni en la publicación de la Recomendación 208VG/2026. La titular del Ejecutivo Federal subrayó:
Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe. Eso tiene que quedar bien claro. El Gobierno de México es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada”.
Esta postura surge tras las críticas de diversas organizaciones civiles y de las propias familias de las víctimas, quienes cuestionan la autonomía de la CNDH y la dirección del informe. A pesar de ello, la presidenta reconoció que la institución ha trabajado en este proceso desde hace tiempo y que es necesario evaluar su visión completa.
Los puntos más polémicos: La participación del Ejército
El núcleo de la controversia radica en que la CNDH sostiene que “no existe evidencia objetiva” que acredite la participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición forzada de los estudiantes. Esta conclusión contrasta directamente con investigaciones previas, como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo que dificulta un posible regreso de dicho organismo internacional a las indagatorias.
Al ser cuestionada sobre esta exoneración de las fuerzas armadas, la presidenta recordó que existen varios militares detenidos y bajo proceso desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La mandataria planteó una distinción necesaria para el análisis jurídico.
Quizá la pregunta... es si estos elementos del ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes”.
Contradicciones y nuevas cifras de víctimas
El informe de la CNDH también ha generado fricciones por cambios sustanciales en la documentación de las víctimas. La comisión reconoció ahora a 92 estudiantes como víctimas directas de violaciones graves, una cifra superior a las 83 documentadas en 2018. Sin embargo, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) denunció opacidad, señalando que en reuniones previas se les dio una información que no coincide con el documento público.
Según el Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, la CNDH modificó su postura al afirmar en el texto final que solo son 40 los estudiantes desaparecidos y que tres habrían sido privados de la vida desde el inicio de los hechos. Ante esto, los estudiantes declararon que la institución “confirma una vez más la falta de seriedad y transparencia con la que se ha conducido una institución que debería estar del lado de las víctimas y no de la construcción de nuevas versiones sobre el Caso Ayotzinapa”.
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