Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hará pública la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la dependencia señaló que atenderá las solicitudes de acceso a la información relacionadas con estos casos, aunque precisó que quedarán fuera de la apertura las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, debido a que tienen carácter reservado.
Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de…
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026
SRE había reservado documentos por cinco años
El anuncio ocurre después de que se conociera que el Comité de Transparencia de la Cancillería determinó reservar por cinco años documentos como oficios, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses relacionadas con el caso.
La dependencia argumentó que la difusión de esos documentos podría afectar la conducción de las relaciones internacionales de México, revelar mecanismos de cooperación bilateral y comprometer la confianza necesaria para el intercambio de información entre ambos gobiernos.
Hasta ahora, la SRE no ha informado el mecanismo ni la fecha en que comenzará la publicación de la información anunciada.
Acusaciones de EU contra funcionarios de Sinaloa
En abril pasado, autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos.
De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados presuntamente habrían participado en un esquema para facilitar la introducción de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
La acusación sostiene que dicha colaboración habría estado basada en un intercambio de beneficios, en el que funcionarios recibirían apoyo político y sobornos a cambio de permitir actividades relacionadas con la distribución de drogas del grupo criminal.
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