Redacción
Ciudad de México. - Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) rechazaron este jueves el informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al considerarlo “tendencioso” y que “omite los esfuerzos institucionales” implementados por la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
El CED señaló que México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país y advirtió un repunte significativo en los últimos meses. Entre 2012 y febrero de 2026, el país acumuló 819 acciones urgentes (38 % del total mundial), y solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total global del periodo.
Gobierno pide considerar acciones recientes
Las autoridades destacaron que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y no contempla las medidas adoptadas por la administración actual.
“Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, señalaron SRE y Segob.
Señalamientos sobre parcialidad y conflictos de interés
El Ejecutivo calificó el documento de “parcial y sesgado” y resaltó que el propio informe reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.
Por todo ello, la SRE y Segob acusaron al informe de “falta de rigor jurídico” y “ligereza en sus premisas”.
Además, señalaron posible conflicto de interés en algunos integrantes del CED, al indicar que al menos uno habría trabajado para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
Compromiso con la erradicación de desapariciones
El gobierno aseguró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas y destacó que esta administración ha promovido reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares para atender el problema.
También reafirmó su disposición a la cooperación técnica internacional, pero “no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.