Ciudad de México.- Una autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Roxana “N”, de 40 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de tres años, identificado como Vicente.
En una audiencia celebrada en Mexicali, Baja California, el impartidor de justicia señaló que los hechos que ocurrieron el pasado 1 de mayo en el fraccionamiento La Rioja son trágicos y condenatorios.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía General del Estado, el menor falleció a causa de un golpe de calor tras haber permanecido inmovilizado en su asiento de seguridad dentro de un automóvil estacionado frente al domicilio de la imputada.
Las investigaciones señalan que el niño estuvo expuesto a temperaturas que superaron los 35 grados centígrados durante un lapso de más de 13 horas.
EVIDENCIAS DE NEGLIGENCIA Y OMISIÓN
Durante la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público presentó pruebas que agravan la situación jurídica de la mujer. Se detalló que, mientras el pequeño permanecía encerrado en la unidad, Roxana “N” habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y realizando publicaciones vía redes sociales durante la madrugada, ignorando por completo el bienestar del menor.
La pesquisa ministerial también sacó a la luz un entorno de violencia familiar previo. Según los datos presentados ante el juez, Roxana “N” tenía más de un año separada del padre del niño, a quien presuntamente enviaba mensajes de texto con frases amenazantes.
Asimismo, se mencionaron antecedentes de una agresión anterior con arma blanca, elementos que la Fiscalía está utilizando para esclarecer el contexto total que rodeó el fallecimiento del menor.
ESTATUS LEGAL Y MEDIDAS CAUTELARES
El juez de control calificó como legales las pruebas y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, quien enfrentará cargos por el delito de homicidio.
Además, se estableció un periodo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, tiempo durante el cual las autoridades buscarán definir la responsabilidad penal final y garantizar justicia por la pérdida del menor.
IMCM