Ciudad de México.- Siete de las personas aprehendidas durante las manifestaciones por el suministro de agua contaminada en el área metropolitana de Guadalajara fueron trasladadas al complejo carcelario de Puente Grande.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este martes que los imputados fueron puestos “a disposición de un juzgado para la realización de las audiencias correspondientes y no serán ingresados a prisión, sino que estarán en el área de juzgados”.
La autoridad aclaró que la medida no implica una sentencia, sino que un juez de control determinará su situación jurídica en las próximas horas, definiendo si son vinculados a proceso y las posibles medidas cautelares que les permitan llevar el procedimiento en libertad.
Respecto a las acusaciones, el organismo estatal detalló que seis de las personas son señaladas por el delito de “lesiones dolosas” en perjuicio de elementos que desempeñan funciones de seguridad pública, mientras que a otra “se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares”.
Entre los procesados figura un repartidor de comida de plataforma digital que no formaba parte de la protesta. Asimismo, la fiscalía dio a conocer que en el transcurso del lunes fueron puestas en libertad 32 de las 39 personas que sus registros contabilizan como detenidas, aunque todas mantienen una carpeta de investigación abierta.
REPRESIÓN EN LA MARCHA Y DENUNCIAS DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO
Las detenciones ocurrieron el pasado domingo durante una manifestación multitudinaria en la que miles de habitantes de Guadalajara protestaron por la mala calidad del agua que llega a sus hogares.
La jornada concluyó con un saldo de múltiples heridos —incluyendo policías y periodistas de medios locales y nacionales—, además de las aprehensiones.
Colectivos, familiares y defensores legales acusaron a la Fiscalía de Jalisco de incurrir en irregularidades procesales, al tiempo que sostienen que ninguno de los trasladados cometió los ilícitos imputados y que los arrestos se ejecutaron con violencia, lo cual sustentaron con grabaciones de video.
Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), organización que asumió parte de la defensa jurídica, exigió a las autoridades estatales garantizar “el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada”.
La agrupación demandó la liberación inmediata de los aprehendidos e hizo “un llamado al Poder Judicial para que no sea partícipe de actos de injusticia ni de la criminalización de quienes ejercen su derecho a manifestarse”.
El CEPAD y otros organismos de derechos humanos documentaron la captura arbitraria de 49 personas, cifra que difiere de las 39 reportadas en los informes oficiales de la fiscalía.
IMCM
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