Tribunal federal confirma suspensión de proceso penal contra Francisco Garduño
Redacción
Ciudad de México.- Un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, confirmó la suspensión del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 migrantes en un incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en dicha región del norte de México.
La decisión se dio a conocer ayer por la madrugada, tras una audiencia celebrada el pasado 2 de abril.
El exfuncionario de 76 años enfrenta un proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público debido al incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que además de los 40 decesos provocó 27 heridos.
Tras la resolución del tribunal, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentó una apelación, la cual había sido concedida por el juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón el pasado 24 de enero.
Por su parte, los abogados de la fundación argumentaron que la suspensión del proceso es contraria a suspensiones provisionales que habían obtenido las víctimas y que no hubo una negociación adecuada para la reparación del daño. También señalaron que la indemnización otorgada por el Estado no podía considerarse aportada por Garduño Yáñez, dado que corresponde a un proceso distinto.
Además, los defensores de algunas indocumentados manifestaron que Garduño Yáñez debió ser procesado por lesiones y homicidio, no solo por ejercicio ilícito de la función pública.
MAGISTRADO JUSTIFICA DECISIÓN
No obstante, a pesar de estos argumentos, el magistrado Octavio Pineda Toribio señaló durante la sesión que el juez de control estaba obligado a llevar a cabo la audiencia debido a un amparo tramitado por Garduño Yáñez para la reparación del daño. Asimismo, indicó que no asistía la razón a los representantes de las víctimas en su oposición al proceso de reparación del daño, argumentando que, en una solución alterna como la suspensión provisional del procedimiento, no se requiere una sentencia previa.
El magistrado abundó que el hecho de que el Estado realizara el pago de la reparación del daño (autorizándose 300 millones de pesos para todas las víctimas) no era un argumento fundado de oposición, y que se privilegiaba la reparación del daño, sin perder de vista que Garduño Yáñez, como funcionario, realizó gestiones para lograr esa reparación integral.
Como condiciones para la suspensión del proceso, el juez federal Víctor Manlio Hernández impuso a Garduño Yáñez la implementación de un plan de reparación del daño a las víctimas y la obligación de ofrecer una disculpa pública. El cumplimiento de estas condiciones podría derivar en su absolución de los cargos, dado que por ahora sigue su proceso en libertad.
IMCM