Ciudad de México.- En un movimiento legislativo clave para frenar la infiltración del crimen organizado en el poder público, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó este miércoles una iniciativa de reforma constitucional e institucional.
La propuesta busca establecer sanciones históricas y severas, incluyendo la cárcel de por vida, para los servidores públicos que se coludan o colaboren de manera deliberada con la delincuencia organizada.
Esta propuesta legislativa forma parte de las prioridades de Acción Nacional definidas durante su reciente reunión plenaria celebrada en La Paz, Baja California Sur, respaldada además por el compromiso del presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, para acabar con la impunidad y proteger las instituciones del Estado mexicano.
Sanciones de por vida para combatir la infiltración del crimen organizado
La iniciativa de reforma propone modificaciones profundas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entre las medidas centrales, se plantea castigar las alianzas ilícitas con penas que van de los 80 a los 140 años de prisión, además de multas de hasta 24 mil días y la inhabilitación absoluta.
Uno de los puntos clave del proyecto es declarar el carácter imprescriptible de estas sanciones, impidiendo que el paso del tiempo permita evadir la justicia.
El diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez, encargado de presentar la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados, argumentó la urgencia de estas medidas debido a la crisis de seguridad actual y la interferencia criminal directa en las instituciones públicas y los procesos electorales. Hinojosa Pérez fue contundente sobre el objetivo de la propuesta:
Proponemos investigar y sancionar la conducta tipificada como delito de colusión para todas y todos los titulares de los tres poderes de las fiscalías y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (...) Proponemos la pena máxima para todos aquellos políticos que hagan alianzas con el crimen organizado no vuelvan a ver la luz del sol".
Blindaje electoral y corresponsabilidad delictiva
El proyecto contempla que estas penas de 80 a 140 años se apliquen de forma directa a integrantes de la delincuencia organizada cuyas acciones tengan como propósito interferir en la división de poderes, influir en las decisiones de las autoridades o alterar el desarrollo de las elecciones.
Asimismo, las mismas sanciones se extienden a los titulares del Ejecutivo federal y estatales, secretarías de Estado, fiscalías y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que faciliten estas conductas o bien incumplan intencionalmente sus atribuciones legales para permitir la operación de grupos criminales.
Para asegurar que las investigaciones sean rigurosas, se propone incorporar estas conductas de forma directa en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada [6].
El diputado Hinojosa Pérez reiteró que esta colusión entre el poder público y bandas criminales representa una seria amenaza para las instituciones democráticas del país, por lo que estas alianzas deben ser tratadas con la máxima severidad del ordenamiento jurídico, equiparándose incluso a un delito de traición a la patria.
"Punto final a la era de los Rocha Moya": Exigen debate y fin a la complacencia criminal
Por su parte, el coordinador parlamentario de Acción Nacional, el diputado Elías Lixa Abimerhi, declaró en entrevista que la propuesta será la "máxima prioridad" del partido durante el presente periodo legislativo.
El líder de la bancada del PAN arremetió contra administraciones anteriores y estatales, señalando con nombre y apellido casos específicos de colusión institucional:
Esas que Morena se ha negado durante toda la legislatura a discutir, tiene que existir sanción máxima para los narco políticos que se refundan en la cárcel; todo aquel que se coludió con el crimen organizado y que utilizó al gobierno y las estructuras del gobierno para camuflajearlas con estructuras criminales, como lo hizo Rocha Moya en Sinaloa, como lo hicieron otros gobiernos en el país, tiene que terminar".
Con convicción y énfasis en la urgencia de blindar la democracia mexicana, Lixa Abimerhi insistió en que esta iniciativa busca poner "punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica", advirtiendo también que "el Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales".
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAN exhortó a todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados a sostener un debate serio y abierto sobre esta reforma, recordando que un auténtico Estado de Derecho es incompatible con la utilización de las instituciones para amparar y beneficiar intereses criminales.
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