Redacción
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados emitió formalmente la declaratoria de constitucionalidad del proyecto de reformas a los artículos 115, 116 y 134, conocido como el "Plan B" electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este anuncio se realizó luego de que la Mesa Directiva recibiera y computara el voto aprobatorio de 19 legislaturas estatales, cumpliendo con el requisito legal para las modificaciones a la Carta Magna.
Basta recodar que las entidades que avalaron el decreto incluyen a Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Yucatán, entre otras, logrando la mayoría de las aprobaciones en un periodo de menos de 24 horas tras ser enviada por la federación la semana pasada.
Tras este paso, el documento fue remitido al Senado de la República para finalizar el trámite legislativo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.
CLAVES: AHORRO Y AUSTERIDAD
El objetivo principal de esta iniciativa es disminuir la carga financiera de las estructuras políticas estatales y municipales.
Entre los cambios más significativos destacan:
• Tope a las regidurías: Se establece un límite máximo de 15 regidores por ayuntamiento, garantizando principios de paridad de género e igualdad sustantiva en la conformación de los gobiernos locales.
• Límites presupuestarios: Los congresos locales no podrán asignar más del 0.70 por ciento del presupuesto total del estado para su operación anual.
• Recortes en el Senado: Se proyecta una reducción presupuestaria progresiva del 15 por ciento para el Senado de la República durante los próximos cuatro años.
AJUSTES SALARIALES Y ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS
La reforma prohíbe estrictamente que consejeros, magistrados y funcionarios de alto nivel de organismos electorales (tanto del INE como locales) perciban una remuneración mayor a la de la Presidenta de la República.
Asimismo, se eliminan beneficios financiados con recursos públicos, tales como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro que no estén contemplados explícitamente en la ley.
Con estas disposiciones, se busca alinear al sector electoral con la política de austeridad impulsada por el Ejecutivo federal.
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