Redacción
Ciudad de México.- Lo que parecía ser la cuenta regresiva para la libertad de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz de 2010 a 2016, dio un giro inesperado. A pesar de estar a semanas de cumplir su condena de nueve años, un juez federal determinó vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos.
Duarte de Ochoa tenía programada su salida de prisión para el próximo 15 de abril, fecha en la que concluiría la sentencia impuesta en 2018 por lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, esta nueva vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva justificada dictada por el impartidor de justicia Gustavo Aquiles Villaseñor ponen en vilo su salida de la cárcel.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exmandatario orquestó un "entramado" para distraer recursos federales que originalmente estaban destinados a sectores vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Según las investigaciones, Duarte de Ochoa habría firmado un decreto que permitió redirigir este dinero para cubrir nóminas y otros compromisos financieros del estado, una práctica que internamente se conocía como "barrer las cuentas".
"YO NO ERA EL SECRETARIO DE FINANZAS"
Ayer, durante la audiencia, que se prolongó por más de 10 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa rechazó tajantemente las acusaciones y argumentó que las imputaciones eran una "bola de sandeces" y subrayó que, en su calidad de gobernador, él no era el responsable directo de la planeación financiera.
"Su señoría, no entiendo. Yo no fui secretario de finanzas y planeación, fui gobernador", declaró ante el juzgador, insistiendo además en que los recursos en cuestión eran de origen estatal y no federal.
Por su parte, la defensa legal del exmandatario intentó desacreditar el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz y testigo protegido de la FGR. Los abogados argumentaron que este sujeto fue quien "apretó el botón" para realizar las transferencias y señalaron que el delito habría prescrito en octubre de 2020, argumento que fue desechado por el juez.
PRÓXIMOS PASOS JUDICIALES
Aquiles Villaseñor determinó que existen indicios suficientes para presumir que Duarte de Ochoa dio instrucciones para desviar los fondos, los cuales nunca regresaron a las cuentas originales. Ante esto, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual vencerá el próximo 17 de agosto.
Mientras tanto, la defensa del imputado manifestó su intención de presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial, alegando que el juez corrigió de manera irregular las deficiencias de la fiscalía durante la audiencia.
IMCM