'Argentina no es refugio de delincuentes': ministra de Seguridad sobre la expulsión de Farías Laguna

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La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, se refirió a la expulsión de Fernando Farías Laguna, quien ya se encuentra en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Monteoliva habla sobre expulsión de Farías Laguna “Argentina no es refugio de delincuentes”. (especial)
Monteoliva habla sobre expulsión de Farías Laguna “Argentina no es refugio de delincuentes”. (especial)

Ciudad de México.- La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, se refirió este viernes a la expulsión del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una compleja red criminal dedicada al contrabando de combustibles.

En una publicación en X, Monteoliva señaló que Farías Laguna había solicitado asilo en Argentina para evitar ser enviado a México, pero el Gobierno de Javier Milei rechazó la petición mediante un decreto presidencial.

“Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos. Argentina no es refugio de delincuentes”, afirmó la ministra.

Farías Laguna llega a México y es trasladado a El Altiplano

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el excontraalmirante arribó este viernes al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue sometido a una revisión médica antes de ser trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde también se encuentra recluido su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, implicado en la misma red delictiva.

Huachicol fiscal 

El exmilitar fue detenido en Argentina luego de que la FGR solicitara una ficha roja de Interpol por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles.

La organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.

La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas han detenido a otras 15 personas presuntamente relacionadas con la red investigada.

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