Chile prohibirá los celulares en clases en 2026: ¿solución real o medida insuficiente?
Por Ernesto Becerra
A partir de marzo de 2026, todas las escuelas chilenas deberán aplicar una nueva ley que impide el uso e ingreso de teléfonos celulares en las salas de clases. La norma, aprobada por el Congreso, busca mejorar la concentración, reducir distracciones y fortalecer la convivencia escolar en medio de un aumento de conflictos dentro de los establecimientos.
El anuncio fue bien recibido por gran parte de las familias y docentes, quienes desde hace años pedían una regulación más estricta sobre el uso de dispositivos móviles. Para muchos, el celular se había convertido en un elemento que facilitaba el ciberacoso, generaba tensión entre los estudiantes y afectaba directamente el rendimiento académico.
Sin embargo, diversos especialistas en convivencia escolar advierten que la medida, aunque necesaria, no aborda las causas profundas del deterioro en las escuelas. Señalan que la violencia y los conflictos no se originan en el uso de celulares, sino en factores estructurales como la alta rotación docente, la falta de equipos psicosociales sólidos, la sobrecarga administrativa y la ausencia de protocolos de intervención preventiva.
Otro punto que preocupa es la brecha digital. En sectores vulnerables, el celular es a menudo la única herramienta tecnológica disponible. Prohibirlo sin ofrecer alternativas podría profundizar las desigualdades entre la educación pública y la privada, que sí cuenta con dispositivos y plataformas avanzadas.
A esto se suma un aumento en las denuncias de expulsiones y retiros forzados sin acompañamiento profesional, una práctica que, según expertos, evidencia la falta de recursos humanos y emocionales en los establecimientos para abordar conflictos de manera integral.
Los especialistas coinciden en que mejorar la convivencia escolar requiere más que una prohibición. Proponen reforzar equipos psicosociales, capacitar a docentes en regulación emocional y prácticas restaurativas, fortalecer la colaboración con las familias y asegurar acceso equitativo a tecnología para no limitar el desarrollo digital de los estudiantes.
La nueva ley chilena podría traer orden inicial, pero el desafío real —según los expertos— es reconstruir las condiciones que permitan que la escuela vuelva a funcionar como comunidad.
