Lima.- El gobierno peruano fijó una postura clara respecto a la situación diplomática con México. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, aseguró que no se contempla una intervención violenta en la sede diplomática mexicana en Lima para capturar a la exprimera ministra Betssy Chávez.
A pesar de la condena judicial que pesa sobre Chávez, el Ejecutivo busca resolver el conflicto mediante canales internacionales y el respeto a las convenciones vigentes.
El compromiso de Perú con la soberanía diplomática
A diferencia de incidentes recientes en la región, como el asalto a la Embajada de México en Quito ordenado por el gobierno de Ecuador en 2024, Perú ha decidido mantener una línea de respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Sobre este punto, el canciller De Zela fue enfático al declarar:
"Quiero reiterar con absoluta firmeza que Perú no va a ingresar por la fuerza en la Embajada de México, ni siquiera se está considerando".
Actualmente, dado que las relaciones entre ambos países se encuentran rotas, Brasil ha asumido la gestión de las sedes diplomáticas de México en territorio peruano.
La controversia sobre la Convención de Caracas
El núcleo del conflicto radica en la interpretación de la Convención de Caracas de 1954, la cual regula el asilo político. Perú sostiene que México ha "desvirtuado" este mecanismo al otorgar protección a una persona sentenciada por delitos comunes y no por persecución política.
Puntos clave de la disputa legal:
- Delitos comunes vs. Persecución política: La Convención prohíbe el asilo a procesados por delitos comunes, pero otorga al Estado receptor la facultad de calificar si existe "persecución política".
- Consulta ante la OEA: Perú ha llevado el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para cuestionar el procedimiento seguido por México.
- Salvoconducto en pausa: La entrega del documento que permitiría a Chávez viajar a México sin ser detenida está supeditada a los resultados de estas consultas internacionales.
El origen de la condena a Betssy Chávez
Betssy Chávez fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Esta condena surge de su vinculación directa con el intento de golpe de Estado del 5 de diciembre de 2022, protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo.
Según las investigaciones, Chávez tuvo complicidad en el mensaje a la nación donde Castillo ordenó el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura para evitar su destitución por indicios de corrupción. Mientras Castillo fue detenido en su intento de llegar a la Embajada de México, su familia sí logró obtener asilo ese mismo día.