Ciudad de México.- Un juez penal de Paraguay ordenó la prisión preventiva en una unidad militar contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones judiciales por el colapso del banco digital privado Ueno Bank.
El impartidor de justicia Humberto Otazú dictaminó que el exmandatario permanezca recluido en la sede del Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, con el objetivo de garantizar su sujeción al proceso legal.
La orden se dictó luego de que Peña fuera arrestado el pasado viernes 6 de noviembre, tras ser destituido por el Congreso en un juicio político por “mal desempeño de funciones”.
La Fiscalía de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción acusó a Peña de presunta lesión de confianza en calidad de instigador y de administración en provecho propio en calidad de autor.
De acuerdo con las precisiones del fiscal Christian Benítez, los delitos imputados en su modalidad agravada pueden contemplar penas de hasta 10 años de prisión.
En forma paralela, el Ministerio Público dispuso la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y activos financieros pertenecientes al imputado.
INVESTIGACIÓN POR COLOCACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS E INTERESES CORPORATIVOS
La imputación establece que el exmandatario habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero público y previsional dentro de Ueno Bank.
La representación fiscal sostiene que Peña utilizó su investidura para influir en organismos estatales a favor del banco, incurriendo en un conflicto de intereses debido a la relación económica y corporativa que mantenía previamente con el grupo empresarial.
El expediente detalla que Peña contaba con activos financieros por 8 mil 894 millones de guaraníes (aproximadamente 1.4 millones de dólares) en empresas del Grupo Vázquez.
Dichos activos incluían el 1.58% de las acciones de Ueno Holding —las cuales vendió en marzo de 2025—, además de certificados de depósitos de ahorro y bonos corporativos.
El cierre de la entidad financiera afectó a 2.94 millones de clientes y dejó congelados fondos de instituciones públicas.
IMPUTACIÓN AL EXPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL Y RELEVO INSTITUCIONAL
La medida cautelar de prisión preventiva también fue decretada contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, acusado por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Las investigaciones destacan que Carvallo presidía la Financiera Ueno antes de ser nombrado titular del BCP en 2023, entidad cuyo directorio autorizó la apertura del banco “83 días después” de su designación al frente del organismo emisor.
Tras la destitución del exmandatario, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República para completar el periodo constitucional correspondiente hasta agosto de 2028.
DEFENSA DEL EXMANDATARIO ALEGA INOCENCIA
Durante el desarrollo de las diligencias, la fiscal adjunta Nancy Salomón confirmó que Peña hizo uso de su derecho constitucional al rendir su declaración indagatoria ante la sede ministerial.
Por su parte, el abogado defensor Ricardo Preda aseguró que su representado se declara totalmente inocente de los cargos y afirmó: “Vamos a someternos a la investigación y estoy seguro de que cuando termine esta investigación el resultado va a ser el sobreseimiento”.
Asimismo, la representación legal sostuvo que la responsabilidad sobre el sistema financiero recae exclusivamente en las instancias reguladoras, señalando que “quien tiene el control de supervisión sobre los bancos es el Banco Central, no el presidente de la República”.
IMCM
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