Ginebra.- Tres expertos y relatores de las Naciones Unidas condenaron este jueves la amenaza del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba. Esta medida busca generar una situación de bloqueo total de crudo, agravando la escasez de productos vitales en una isla que ya sufre constantes cortes de electricidad.
Una violación al derecho internacional
Los expertos George Katrougalos, Ben Saul y Michael Fakhri señalaron que las medidas económicas extraterritoriales de Estados Unidos carecen de sustento legal. Según los relatores:
"No hay una justificación bajo el derecho internacional a imponer sanciones económicas a terceros estados por participar en intercambios legítimos con otro Estado soberano".
Además, recalcaron que la orden ejecutiva emitida el 29 de enero por la administración Trump es un acto unilateral que no cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta política viola principios fundamentales como la igualdad soberana, el no intervencionismo y la autodeterminación, marcos definidos por la Carta de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El impacto humanitario: Un "castigo colectivo"
La preocupación central del grupo de relatores radica en las devastadoras consecuencias para la población civil cubana. Denunciaron que la definición de Cuba como una "amenaza extraordinaria" para la seguridad estadounidense carece de credibilidad y parece una justificación para el uso de poderes coercitivos.
Los expertos advirtieron con firmeza que:
"Estas medidas de bloqueo (...) pueden acabar constituyendo un castigo colectivo a los civiles".
Actualmente, Cuba enfrenta una crisis de salud pública y seguridad alimentaria debido a las sanciones previas. Se han reportado apagones de más de 20 horas en múltiples zonas, lo que impide la correcta refrigeración de los alimentos.
Sectores críticos en riesgo
El combustible no es solo necesario para la luz; es el motor de los servicios básicos indispensables. La escasez provocada por el bloqueo afecta directamente a:
- Sistemas de agua y saneamiento.
- Operatividad de hospitales.
- Transporte público y producción de alimentos.
Ante este panorama, los relatores urgieron al Gobierno de Estados Unidos a anular inmediatamente la orden ejecutiva y detener el uso de medidas económicas que afectan los derechos humanos fundamentales de millones de personas.
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