Fallo histórico: CIJ declara a Birmania responsable de genocidio contra la minoría rohinyá

Mundo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declara a Birmania responsable de cometer genocidio contra los rohinyás en 2017. Conoce el alcance del fallo, las reparaciones exigidas y el firme respaldo de la ONU, HRW y Amnistía Internacional

Redacción
Refugiados rohinyás observan una transmisión en directo del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Foto EFE)
Refugiados rohinyás observan una transmisión en directo del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Foto EFE)

La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya, dictó una sentencia de trascendencia histórica al declarar por primera vez a un Estado, Birmania (Myanmar), directamente responsable de cometer el delito de genocidio.

El fallo por mayoría responde a la brutal ofensiva militar desplegada en 2017 en el norte del estado de Rakáin contra la minoría musulmana rohinyá. Con esta resolución, los jueces determinan formalmente la existencia de "la intención de destruir a una parte sustancial" de esta comunidad, criterio jurídico angular fijado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

La campaña militar de 2017, liderada por el ejército birmano, dejó un desgarrador saldo de al menos 10 mil personas asesinadas y provocó el éxodo forzado de más de 1.3 millones de rohinyás hacia Bangladesh, sumiendo a una minoría históricamente discriminada en una de las peores crisis de refugiados del mundo.

Una condena histórica a la responsabilidad estatal

El dictamen de la CIJ marca un hito sustancial en la jurisprudencia internacional. Si bien existen precedentes sobre crímenes de guerra o de lesa humanidad, es la primera ocasión en que el tribunal atribuye a un Estado la responsabilidad directa de un genocidio.

Es fundamental precisar el alcance jurídico de la resolución: la Corte sienta la responsabilidad internacional de Birmania como entidad estatal, pero no impone condenas penales individuales contra militares o mandos específicos. En su lugar, el tribunal exige explícitamente que sea el propio Estado birmano el que procese y castigue a los responsables en el plano interno, sin perjuicio de otras causas en tribunales internacionales y de jurisdicción universal.

Reparaciones obligatorias e investigación de responsables

Más allá de la condena moral y jurídica, la CIJ fijó una serie de medidas cautelares y de reparación de obligado cumplimiento para Birmania:

  • Retorno seguro y digno: Permitir y facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de la población rohinyá desplazada, tanto dentro del territorio birmano como en el extranjero, así como la reunificación de las familias fragmentadas.
  • Restitución de bienes y compensación económica: Devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas dañadas o confiscadas, además de indemnizar económicamente a las víctimas por los perjuicios intangibles e irreparables.
  • Búsqueda y rehabilitación: Adoptar medidas efectivas para la localización de personas desaparecidas y asegurar la atención médica, física y psicológica de las víctimas traumatizadas.
  • Investigación y sanción penal: Adoptar medidas inmediatas para investigar a todas las personas sobre las que pesen sospechas razonables de haber participado en los actos de genocidio de 2017, procediendo a su juzgamiento y castigo.
  • Garantías de no repetición: Reformar la legislación nacional para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales y certificar garantías de que no se repetirán atrocidades semejantes.

Reacción de la ONU y organismos de derechos humanos

La sentencia ha sido recibida con aplausos unánimes por la comunidad internacional y los principales defensores de derechos humanos, quienes consideran el dictamen como un triunfo contra la impunidad.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, celebró la resolución tras conocerse en Ginebra y exigió su implementación sin dilación. En sus declaraciones oficiales, Türk subrayó la magnitud del dictamen:

           La histórica sentencia debe marcar un punto de inflexión para la justicia de los rohinyás y de toda la población birmana, y el comienzo de un proceso significativo para poner fin a la impunidad por las graves violaciones y abusos que siguen cometiéndose en el estado de Rakáin."

Asimismo, Türk enfatizó la pesada carga ética del conflicto y la señal enviada al mundo:

          El sufrimiento, la miseria y la humillación infligidos a los rohinyás por el Estado de Myanmar son una mancha en la conciencia de la humanidad. La sentencia envía un mensaje contundente a todos los Estados del mundo: quienes sean responsables de genocidio deberán rendir cuentas."

El representante de la ONU solicitó además el cese inmediato de las transferencias de material militar y combustible para aviones a Birmania y respaldó los procesos penales por responsabilidad individual que se siguen bajo jurisdicción universal en países como Argentina y Timor Oriental.

Amnistía Internacional (AI)

Desde Amnistía Internacional, su secretaria general, Agnès Callamard, remarcó la importancia decisiva de nombrar los hechos por su peso jurídico exacto:

           Genocidio. Esta es la conclusión inequívoca de la CIJ. Tras años de negación, impunidad y supresión de la verdad, este fallo constituye un reconocimiento histórico y contundente de las atrocidades cometidas contra los rohinyá."

AI destacó igualmente que esta sentencia sienta un precedente trascendental para otras víctimas de graves atrocidades en el mundo, como el procedimiento presentado por Sudáfrica contra Israel ante la propia CIJ.

Human Rights Watch (HRW)

Maria Elena Vignoli, abogada principal de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW), resaltó el significado que este veredicto reviste para las víctimas que sobrevivieron a las matanzas de 2017:

          El fallo supone un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohinyá han padecido en manos del Ejército."

HRW instó a los gobiernos a apoyar activamente a los refugiados y a ejercer una presión firme e ininterrumpida sobre la junta militar birmana para asegurar la ejecución del fallo.

El desafío político y la inacción internacional

Pese al valor incontestable del fallo, su efectividad práctica enfrenta obstáculos geopolíticos de consideración. En la actualidad, el gobierno de Birmania está encabezado por la junta militar del general Min Aung Hlaing, el mismo mando del Ejército que dirigió la campaña de 2017 y que asumió el poder formal tras el golpe de Estado de febrero de 2021.

Richard Horsey, asesor principal para Asia del think tank International Crisis Group, planteó la cuestión clave sobre la aplicabilidad del fallo en declaraciones a la prensa:

         Lo que importa ahora es si los gobiernos que dialogan con Naipyidó están dispuestos a tomar medidas si este ignora la decisión del tribunal."

Horsey advirtió sobre la paradoja diplomática que enfrentan varios países:

"Los gobiernos que extendieron la alfombra roja a Min Aung Hlaing ahora lo harán con el jefe de un Estado declarado responsable de genocidio."

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