Fiscal peruana pide prisión preventiva para Betssy Chávez, asilada por México
Lima.- La fiscal suprema Zoraida Ávalos, en Perú, solicitó formalmente a la Justicia que ordene la captura e ingreso en prisión preventiva de la exprimera ministra Betssy Chávez. Chávez, enjuiciada junto al expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, se encuentra actualmente asilada en la Embajada de México en Lima desde inicios de esta semana.
La vulneración de la libertad condicional
El motivo principal que impulsa el nuevo pedido de prisión provisional es la vulneración de la libertad condicional que la ex primera ministra gozaba hasta ahora, la cual incluía comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.
Tras su excarcelación en septiembre, ordenada por el Tribunal Constitucional, Chávez estaba obligada a cumplir con varias restricciones. Específicamente, debía acudir al control biométrico cada siete días, presentarse ante el juez o fiscal cuando fuese requerida, y no ausentarse de Lima sin autorización del juzgado.
La fiscal Ávalos detalló que Chávez no cumplió con la figura del control biométrico en tres fechas clave: el 29 de septiembre, el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Además, se registró su inasistencia a cuatro audiencias del proceso judicial, que se encuentra actualmente en la etapa de los alegatos finales y próximo a la lectura de la sentencia.
Argumentos de la Fiscalía: Necesidad de la prisión preventiva
La Fiscalía considera que la prisión preventiva es la medida "idónea" en este caso. Según la solicitud, la "comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad".
La fiscalía argumenta que la prisión provisional resulta "útil y adecuada" para asegurar la realización del proceso penal. Este pedido busca garantizar la comparecencia del imputado y, crucialmente, "evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad".
El contexto legal: Acusación por rebelión y liberación previa
Chávez está acusada por la Fiscalía debido a su aparente participación en el fallido intento de golpe de Estado liderado por Pedro Castillo en 2022. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 25 años de cárcel en su contra por el delito de rebelión.
Es importante recordar que la exprimera ministra ya estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación en septiembre de 2025, al considerar que había sido víctima de una detención arbitraria, dado que la Fiscalía no solicitó la ampliación del periodo de prisión provisional en el plazo debido.
Repercusiones políticas y diplomáticas por el asilo
La situación se complejizó a inicios de semana, cuando Chávez ingresó a la sede diplomática de México en Lima y la Cancillería de Perú confirmó que había solicitado y recibido el asilo político de dicho país.
Como reacción directa a este hecho, el gobierno de Perú anunció que rompía las relaciones diplomáticas, rechazando categóricamente la afirmación de que Chávez sea una perseguida política.
Otras acciones pendientes en el Congreso
Paralelamente a la solicitud fiscal ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa el informe final que pide la inhabilitación contra Chávez para ejercer cualquier cargo público futuro. Además, también se encuentra pendiente de evaluación una denuncia constitucional en su contra
