La Paz.- La Fiscalía General de Bolivia comenzó la recopilación de antecedentes para evaluar la apertura de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales, a quien se acusa de presuntos "delitos de lesa humanidad" vinculados al polémico operativo contra el "terrorismo" ejecutado durante su gestión en 2009.
Fase inicial de investigación previa y plazos legales
El Ministerio Público informó que dio paso a la fase de acumulación de antecedentes dirigida tanto contra Morales (2006-2019) como contra quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera. Ambos son señalados por presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
El procedimiento comenzó tras el análisis de admisibilidad de la proposición acusatoria presentada por legisladores de la alianza opositora Libre, vinculada al expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002). El fiscal general interino, José Armando Urioste, aclaró que esta medida representa únicamente una etapa inicial de investigación y que elaborará un informe para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo con la legislación boliviana, el órgano penal dispone de un plazo de hasta 30 días para reunir los elementos necesarios. Si concluye que existe materia justiciable, formalizará el requerimiento acusatorio ante el TSJ, instancia que deberá solicitar la correspondiente autorización al Parlamento para continuar el proceso.
El antecedente: El operativo policial de 2009 en Santa Cruz
Los hechos que motivan esta acusación se remontan a abril de 2009, cuando una intervención policial en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, concluyó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros —entre ellos el irlandés Michael Dwyer— y la aprehensión del croata-boliviano Mario Tadic y del húngaro Elöd Tóásó.
En aquel momento, la administración de Morales afirmó que los involucrados formaban parte de una célula terrorista cuyo objetivo era promover la secesión de Santa Cruz y ejecutar un atentado contra la vida del mandatario.
En 2015, Tadic y Tóásó aceptaron un proceso abreviado y recibieron una condena de cinco años y diez meses de prisión por el delito de alzamiento armado. Tras cumplir la pena bajo régimen de detención preventiva, salieron de Bolivia manifestando temor por su integridad física y demandaron al Estado ante instancias internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Un total de 39 personas procesadas en la causa denunciaron que la investigación judicial fue utilizada con fines de persecución política contra dirigentes opositores de la región cruceña.
El caso penal fue cerrado formalmente en 2020 con la absolución de todos los implicados restantes, luego de que la Fiscalía y el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez retiraran los cargos.
Dictamen de la CIDH y responsabilidad estatal
El expediente recobró relevancia internacional en 2022 tras la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsado por la madre de Michael Dwyer.
En su resolución, el organismo internacional dictaminó formalmente que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de las víctimas del operativo.
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