Nueva York.- El Gobierno de Estados Unidos formalizó su oposición a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.
En un memorando dirigido al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales fundamentaron su negativa en que existe un riesgo de fuga "extremo" y que la acusada representa un "peligro para el público". Por ello, solicitaron al juez desestimar la moción que buscaba otorgarle la libertad previa al inicio del proceso judicial.
Conexiones internacionales e intimidación de testigos
La Fiscalía argumentó que ninguna modalidad de fianza garantizaría la comparecencia de Flores ante los tribunales, respaldando su postura en los amplios recursos de la acusada, sus conexiones internacionales y la gravedad de las imputaciones.
Adicionalmente, las autoridades hicieron hincapié en la capacidad que mantiene el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a testigos en Venezuela y el extranjero mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.
Petición de arresto domiciliario y alegatos de salud
A principios de mes, la defensa de Flores, de 69 años, había solicitado su traslado a una residencia privada en Nueva York bajo régimen de arresto domiciliario. La propuesta de la defensa contemplaba vigilancia con guardias armados las 24 horas, pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.
Flores sostiene que requiere un complejo tratamiento cardíaco y afirma que el penal federal donde permanece recluida desde el 3 de enero —fecha en que fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses— no reúne las condiciones adecuadas para su atención médica.
Cargos y condena potencial para el juicio de 2027
El juicio conjunto contra Flores y Nicolás Maduro está programado para iniciar el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan acusaciones por conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, dentro de una estructura de narcoterrorismo y corrupción de más de dos décadas.
De ser declarada culpable, Flores enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
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