¿Intocable ante la ley? El agente del ICE que mató a una mujer y divide a EU
EFE.- La muerte de una mujer estadounidense a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis ha provocado un intenso debate legal y político en Estados Unidos, luego de que el vicepresidente JD Vance afirmara que el agente involucrado cuenta con “inmunidad absoluta”.
El hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando el agente federal Jonathan Ross disparó y mató a Renee Good, de 37 años, durante un operativo. Desde el primer momento, la administración del presidente Donald Trump aseguró que el agente actuó en defensa propia, argumentando que la mujer intentó atropellarlo con su vehículo.
En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, JD Vance declaró que, al tratarse de un agente federal en una operación oficial, el caso corresponde exclusivamente al ámbito federal y que el agente está protegido por inmunidad absoluta.
Expertos desmienten la versión oficial
Sin embargo, esta afirmación ha sido rechazada por especialistas en derecho. Emmanuel Mauleón, profesor y experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, señaló que no existe una base legal que respalde lo dicho por el vicepresidente.
“Los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. JD Vance lo afirmó, pero no hay fundamento legal para ello”, explicó Mauleón, quien trabaja en el campus ubicado en la misma ciudad donde ocurrió el tiroteo.
En el mismo sentido, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, negó que el agente esté completamente protegido frente a un proceso judicial.
Qué tipo de inmunidad sí podría aplicar
El profesor explicó que los agentes federales pueden contar con otros mecanismos de protección legal, como la llamada “inmunidad de supremacía”, la cual solo aplica si el agente actuó de forma legal, necesaria y adecuada para hacer cumplir la ley federal.
No obstante, esta protección desaparece si se demuestra que el uso de la fuerza fue negligente, imprudente o injustificado, especialmente si se violaron derechos constitucionales protegidos por la Cuarta Enmienda.
“Cuando hay dudas sobre si la fuerza letal estuvo justificada, el agente puede ser considerado responsable penalmente, desde cargos por imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato”, detalló Mauleón.
El agente podría enfrentar cargos tanto bajo la legislación estatal como federal, esta última por la posible privación intencionada de derechos constitucionales.
Un caso que recuerda a George Floyd
Mauleón señaló que este caso guarda paralelismos con el asesinato de George Floyd en 2020, también en Mineápolis, un hecho que desencadenó protestas masivas en todo el país bajo el lema Black Lives Matter.
En ese caso, el exagente Derek Chauvin fue condenado a más de 22 años de prisión por un tribunal estatal y a 21 años adicionales por una corte federal. Otros tres policías también fueron condenados por no intervenir para detener el abuso.
Preocupación por la transparencia de la investigación
Actualmente, el FBI encabeza la investigación y mantiene bajo resguardo todas las pruebas. Sin embargo, el gobernador