París.- El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este sábado un balón de oxígeno con el respaldo en el Senado a su impopular reforma de pensiones, a la vez que las protestas en las calles convocadas por los sindicatos perdían fuelle.
Pero al proyecto de ley le queda todavía una dura recta final parlamentaria.
"El partido no ha terminado", recalcó este domingo Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), en una entrevista en la cadena BFMTV.
Las organizaciones sindicales francesas están lejos de dar por perdida la batalla por tumbar la reforma, que tiene como principal eje el retraso de la edad mínima de jubilación, y esperan revalidar su órdago el próximo día 15, con una nueva jornada de protestas nacionales.
Será, en total, la octava desde que el Gobierno desvelara los detalles de su propuesta para cambiar el acceso a las jubilaciones, en enero pasado. La fecha, además, no es casual, sino que coincide con la próxima etapa clave del proyecto a nivel parlamentario.
Ese día, una comisión mixta paritaria compuesta por siete senadores y siete diputados deberá reunirse para acordar un texto común, que tenga en cuenta las últimas modificaciones y que deberá ser, después, validado nuevamente por ambas cámaras.
El trámite en comisión no se presenta como un gran escollo para el macronismo, que estará bien representado junto a sus principales socios en la empresa de reformar las pensiones, el bloque conservador de Los Republicanos (LR).
El presidente de este partido que encarna la derecha clásica, Éric Ciotti, publicó este domingo una columna de opinión en el Journal du Dimanche defendiendo la necesidad de reformar el sistema y explicando que los suyos seguirán ejerciendo de "oposición útil".
Una vez alcanzada una versión conjunta del texto, la propuesta volverá al Senado y la Asamblea Nacional desde el 16 de marzo.
Conseguir un nuevo respaldo del Senado, que anoche adoptó la reforma por 195 votos a favor y 112 en contra, tampoco se prevé complicado.
La Asamblea Nacional, sin embargo, se presenta como un escenario mucho más complicado, ya que el bloque oficialista, aun manteniendo el apoyo de LR, lograría una mayoría absoluta muy ajustada.
"Apelo siempre a la razón (...) Creo que los parlamentarios tienen una responsabilidad, cuando eres elegido parlamentario tienes que representar a la gente", recalcó este domingo el líder de la CFDT, que considera un grave error la "sordera" del Gobierno al movimiento de protestas más importante "de los últimos 50 años".
De no lograr los apoyos necesarios en la Asamblea Nacional, el Gobierno francés se encontraría en una grave encrucijada: dejar caer el proyecto que ha convertido en su gran bandera del curso político o forzar la aprobación sin someterlo al visto bueno de los diputados.
Eso sería posible gracias al artículo constitucional 49.3, que da al Gobierno esa potestad, exponiéndolo a cambio a la posibilidad de una moción de censura.
Durante la presente legislatura, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ya lo usó para aprobar algunas iniciativas -como los últimos presupuestos- dada la carencia de mayoría absoluta oficialista desde las legislativas de 2022.
"Totalmente comprometidos para permitir una adopción definitiva en los próximos días", remarcó Borne anoche, a través de Twitter, dando a entender la voluntad del Gobierno de no recurrir al conflictivo 49.3.
Para la oposición y los sindicatos, el recurso "brutal" a este mecanismo constitucional, aun siendo legal, evidenciaría escasa legitimidad por parte del Gobierno.
"Ayer sentimos más cólera", advirtió el líder de la CFDT, que a pesar de su habitual tono moderado advirtió hoy de que una aprobación por la fuerza generaría un escenario "peligroso".
Como muy pronto, el voto definitivo sería posible el mismo 16 de marzo y el plazo máximo para aprobar la reforma abarca hasta el 26 de marzo, al final de la jornada.
El principal eje del proyecto que promueve Macron es retrasar la edad mínima de jubilación dos años, de los 62 años actuales a los 64, pero también acelerar la entrada en vigor del aumento del periodo de cotización -hasta los 43 años- para recibir la pensión completa.
El Gobierno defiende los cambios como la única vía factible para garantizar el equilibrio financiero del sistema para el horizonte de 2030, ya que, si no se hiciera nada, estima que en una decena de años se acumularía un déficit de cerca de 150.000 millones de euros. EFE
