Perú aumenta resguardo de Embajada de México ante alerta de fuga de Betssy Chávez
Lima.- La Policía Nacional del Perú (PNP) tomó medidas drásticas para asegurar que la exprimera ministra, Betssy Chávez, no eluda la justicia peruana.
Chávez, quien se encuentra actualmente en la residencia del embajador de México en Lima, permanece a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país tras recibir asilo diplomático.
Refuerzo de seguridad en la Embajada de México
Ante el riesgo de una posible evasión, especialmente durante las festividades de fin de año, las autoridades peruanas han desplegado un contingente de 25 agentes específicamente en las inmediaciones de la sede diplomática mexicana.
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que un total de 36 efectivos han sido distribuidos en puntos estratégicos de la capital para "cerrar cualquier posibilidad" de huida.
"Hemos desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para cerrar cualquier posibilidad de fuga”, sentenció.
Esta vigilancia responde a informaciones de inteligencia que sugieren intentos de burlar la seguridad aprovechando la inmunidad de los vehículos diplomáticos, los cuales no pueden ser intervenidos salvo en situaciones de emergencia extrema que comprometan la vida o la salud.
El trasfondo judicial: De la PCM a la condena
Betssy Chávez, pieza clave durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Días antes de que se leyera su sentencia oficial, Chávez ingresó a la residencia mexicana, una acción que terminó por fracturar las relaciones diplomáticas entre Perú y México.
A pesar de la presión internacional, el gobierno peruano, bajo la gestión interina, ha manifestado que se tomará un "tiempo indefinido" para analizar el caso antes de decidir si otorga el salvoconducto necesario para su traslado.
El asilo político bajo la lupa de la OEA
El caso ha trascendido las fronteras peruanas, llevando al canciller Hugo de Zela a plantear un debate ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La postura de Perú es firme: se debe evitar que el asilo diplomático se convierta en un "instrumento para eludir la justicia".
"El asilo diplomático no debe ser un instrumento para eludir la justicia ni para proteger a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos", destacó.
Según la cancillería peruana, existe una "evolución negativa" en el uso de la Convención de Caracas de 1954, ya que se estaría otorgando protección a individuos que no sufren persecución política real, sino que enfrentan procesos en estados donde prevalecen las garantías del debido proceso y el principio de no impunidad.