Washinghton.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este jueves un fallo trascendental que permite a la administración de Donald Trump rechazar a los solicitantes de asilo que presenten su petición en la frontera entre Estados Unidos y México. Con una votación de seis contra tres, la sentencia cuenta con el respaldo de la mayoría conservadora y el voto disidente de los magistrados liberales.
Esta decisión representa una victoria clave para la Casa Blanca, ya que allana el camino para reactivar políticas destinadas a reducir drásticamente el número de migrantes que las autoridades deben procesar en la frontera sur.
La disputa legal: ¿Qué significa "llegar" a Estados Unidos?
El núcleo del debate jurídico se centró en la interpretación de los derechos de los ciudadanos no estadounidenses al intentar entrar al país. Específicamente, los magistrados analizaron si una persona debe cruzar totalmente la frontera para solicitar asilo o si basta con presentarse en el límite fronterizo.
Históricamente, el Gobierno había interpretado la ley federal como un derecho a solicitar refugio en los cruces fronterizos para cualquier persona con temor fundado de persecución por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. No obstante, la mayoría conservadora del tribunal determinó que los migrantes en territorio mexicano no se consideran personas que "llegan" al país por el simple hecho de "intentar, sin éxito, entrar en este país".
wBloqueo al acceso de protección federal
La política de devolución, utilizada inicialmente en 2016, busca evitar que los solicitantes pisen suelo estadounidense. Bajo la ley federal, una vez que un migrante ingresa al territorio, adquiere el derecho a solicitar asilo y recibir protección, algo que esta medida pretende limitar como parte de la campaña de "mano dura" contra la inmigración.
Impacto colateral: El fin del TPS para Haití y Siria
El fallo sobre el asilo no fue el único respaldo a la agenda migratoria de Trump. El Supremo también avaló este jueves la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes procedentes de Haití y Siria.
Esta decisión es crítica, ya que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360 mil personas, consolidando una postura judicial que favorece las políticas restrictivas de la actual administración.