Jerusalén.- Las acusaciones de fraude electoral y las sospechas de una posible injerencia extranjera han abierto un nuevo frente de tensión política en Israel, después de que el Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, denunciara un supuesto robo de los comicios a favor de las formaciones árabes, unas acusaciones que la Policía considera carentes de pruebas.
El Likud aseguró ayer miércoles haber presentado cientos de testimonios y pruebas ante la Comisión Electoral Central y los servicios de seguridad israelíes para denunciar presuntas irregularidades durante la votación del martes. Entre ellas, mencionó la supuesta presencia de miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas del partido islamista Raam, que ha obtenido ocho escaños según el escrutinio provisional.
Sin embargo, la Policía israelí rechazó las acusaciones de que los partidos árabes hubieran intentado "robar las elecciones" y afirmó que no existen pruebas que las respalden. En la misma línea, el director de la Comisión Electoral (CEC), Dean Livne, defendió la legalidad de los comicios y sostuvo que las afirmaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral carecen de fundamento. Dicho órgano está compuesto por un juez que lo preside y por representantes de los distintos grupos parlamentarios según el tamaño de cada uno, con una mayoría actual a favor de la coalición de Netanyahu.
Investigación sobre una posible injerencia extranjera
Antes de esas declaraciones, el presidente de este cuerpo electoral, el juez conservador Noam Sohlberg, solicitó al jefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior de Israel), David Zini, que investigue denuncias recibidas -cuya fuente no detalla- sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones.
En su carta a Zini, enviada ayer miércoles y conocida este jueves, Sohlberg reconoció que no podía confirmar el fundamento de las sospechas, pero consideró necesario investigarlas por la posible implicación de entidades extranjeras. El juez pidió que se presenten los hallazgos, si los hubiera, durante la próxima semana.
Los medios israelíes informaron de que las denuncias incluyen la sospecha de que Catar habría destinado fondos a aumentar la participación electoral de los ciudadanos árabes de Israel. No obstante, el origen de la información y el alcance de las sospechas no se han esclarecido públicamente, y el Gobierno catarí ha negado las acusaciones.
El Likud ha bautizado el caso como 'Raamgate', en referencia al partido árabe Raam, y ha afirmado que una eventual intervención extranjera para favorecer a las formaciones árabes constituiría un hecho de gravedad sin precedentes.
Por su parte, el líder de Raam, Mansur Abás, negó que su partido tenga relación con el supuesto caso de soborno electoral y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.
La Lista Conjunta árabe, la segunda formación acusada, calificó los ataques del Likud como parte de una "campaña coordinada" que, según denunció, comenzó hace meses para cuestionar su legitimidad. Esta coalición acusó a sectores de la derecha de negarse a aceptar los resultados y afirmó que las acusaciones tienen un componente racista. Su presidente, Yusef Yabarín, dijo que la campaña de incitación se ha intensificado después de que los resultados reflejaran una participación árabe sin precedentes.
Antes de las elecciones, la Comisión Electoral intentó vetar a partidos árabes, una decisión que fue anulada por el Tribunal Supremo.
La oposición acusa a Netanyahu de cuestionar los resultados
Las denuncias han provocado una dura reacción de la oposición, que acusa a Netanyahu de utilizar sospechas todavía no verificadas para cuestionar los resultados electorales y la participación récord de la población árabe.
El líder del bloque opositor y dirigente del partido de centroderecha Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, denunció una supuesta operación para retrasar la publicación de los resultados y deslegitimar el funcionamiento de la próxima Knéset (Parlamento israelí). A su juicio, el primer ministro en funciones pretende aprovechar información de alcance incierto para cuestionar el veredicto de las urnas.
En la misma línea, Yair Golán, dirigente izquierdista de Los Demócratas, acusó a Netanyahu de impulsar una campaña contra la población árabe para socavar la voluntad expresada por los votantes.
El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió investigar las denuncias y las posibles pruebas de soborno, pero instó a evitar la deslegitimación de los ciudadanos árabes que acudieron a las urnas, cuya participación fue histórica.
Una Knéset sin mayoría clara
La polémica se produce en un escenario de incertidumbre sobre la formación del próximo Gobierno. Con casi el 100 % los votos escrutados, con todavía pendiente el recuento de los sufragios emitidos mediante el sistema de "doble sobre", el Likud se sitúa como la fuerza más votada, con 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!, el partido de Eisenkot.
Los llamados "doble sobre" es el método de voto utilizado en su mayoría por soldados, pero también por hospitalizados, diplomáticos y todos aquellos que hayan depositado su voto fuera de su colegio electoral.
Según los últimos datos, el bloque de Netanyahu suma 53 diputados, mientras que la oposición reúne 48, lejos de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. Los partidos árabes cuentan con 19 escaños, su mejor resultado histórico, y podrían ser decisivos para facilitar un Gobierno alternativo, aunque permanecen excluidos de ambos bloques.
La controversia electoral coincide así con una disputa política sobre la legitimidad de los resultados y el papel de los partidos árabes en la futura configuración del Parlamento israelí, cuya toma de posesión está prevista para el 10 de noviembre.
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