Texas autoriza envío de tropas de Guardia Nacional a otros estados
Austin.- El despliegue de la Guardia Nacional de Texas a otros estados, autorizado por el gobernador republicano Greg Abbott, generó una inmediata controversia y desafíos legales. Abbott, considerado un político ultraconservador, indicó en la plataforma X que autorizaba al Gobierno federal, a petición del presidente Donald Trump, a disponer de "hasta 400 efectivos" de la Guardia Nacional.
El propósito declarado de este despliegue es "dar protección a los agentes federales". Esta medida se produce en un contexto de intensas acciones federales contra la migración: la Administración de Trump había enviado a cientos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a Chicago (Illinois), donde se llevaron a cabo redadas en lugares de trabajo y viviendas. Estas redadas resultaron en el arresto de migrantes (con y sin documentos legales) y, en algunos casos, de ciudadanos estadounidenses.
Obstáculos judiciales y la presión del Pentágono
A pesar de la autorización de Texas, la efectividad del despliegue de la Guardia Nacional a otros estados aún no está clara. En un revés legal para la administración, un juez federal emitió un fallo prohibiendo temporalmente el envío de tropas a Oregón a última hora del domingo.
Además, el Pentágono ejerció presión sobre el Gobierno de Texas. En un memorando, solicitó que se "coordinara" el envío de efectivos a Chicago con la finalidad de "proteger a los agentes de ICE y a otros miembros del personal federal" en "sitios donde han tenido lugar u ocurrirán protestas violentas".
Este despliegue se alinea con las políticas anti-migración de Trump, quien previamente había amenazado con desplegar militares en varias ciudades y regiones gobernadas por la oposición. El mandatario acusó a estas administraciones locales de estar "protegiendo" a migrantes indocumentados.
Alarma legal
La decisión de utilizar tropas en suelo estadounidense para labores de seguridad pública desató la alarma en organizaciones de derechos humanos y expertos legales. Estos grupos han acusado al presidente de "abuso de poder".
El gobierno ya había enfrentado previamente una demanda relacionada con su política migratoria, cuando decidió enviar tropas —incluidos marines— a California durante el punto álgido de las protestas en junio.
El desafío legal más significativo provino del fallo emitido por el juez Charles Breyer. En este fallo, el juez acusó directamente a Trump y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, de intentar crear "una fuerza policial nacional liderada por el presidente".
El fallo de Breyer estableció que el Gobierno violó la Posse Comitatus Act. Esta ley es fundamental, ya que prohíbe que las tropas federales se involucren en labores de seguridad pública, con la excepción de casos específicos.
La principal excepción a esta norma es la Ley de Insurrección. Dicha ley permite al presidente enviar militares a otros estados si los gobiernos locales lo solicitan o si la acción es necesaria para "hacer cumplir" la ley federal o sofocar una rebelión. Sin embargo, el Gobierno no ha invocado esta ley hasta el momento.
Chicago demanda a Trump
El Gobierno de Illinois demandó este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, por el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional en Chicago enviados desde Texas para combatir las protestas contra las redadas migratorias en el estado, donde la Patrulla Fronteriza le disparó a una mujer el sábado.
La demanda del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, argumenta que el Gobierno de Trump "ha excedido su autoridad" porque "no existe ninguno de los requerimientos legales que justifiquen la federalización y despliegue de la Guardia Nacional", como una invasión, una rebelión o la falta de aplicación de la ley federal.
"Illinois está llevando a la Administración Trump a la corte por su ilegal e inconstitucional despliegue de tropas militares en nuestro estado", expresó el gobernador de la entidad, el demócrata JB Pritzker, en un pronunciamiento en sus redes sociales.
El recurso legal, que también incluye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se presentó ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, estado donde cerca del 15% de la población es inmigrante, incluyendo más de 527 mil indocumentados, según el American Immigration Council.
