Ciudad de México. - El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a una pena de cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto, por el delito de coacciones a la justicia, tras comprobarse sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para promover sanciones contra Brasil y sus magistrados.
La decisión fue tomada de forma unánime por la Primera Sala del Tribunal Supremo. Al fallo de privación de libertad se le sumó una multa de 100 salarios mínimos, equivalentes a 162 mil 100 reales (aproximadamente 31 mil 700 dólares).
Asimismo, la sentencia establece la inhabilitación política del acusado por un período de ocho años. Cabe destacar que Eduardo Bolsonaro ya había perdido su acta de diputado el pasado diciembre, por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja. El exlegislador, quien reside en Estados Unidos desde febrero de 2025, no compareció a la audiencia y fue representado por un defensor de oficio.
Argumentos del tribunal y de la defensa
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, expuso durante la sesión que el propio acusado admitió sus viajes a Washington con el fin de presionar por sanciones contra los magistrados que procesaban a su padre, buscando evitar una posible condena.
De Moraes presentó videos y entrevistas donde Bolsonaro detallaba dichas gestiones y señaló que las amenazas "se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles".
Por su parte, la defensa de oficio, a cargo de Esdras dos Santos Carvalho, rechazó los cargos argumentando que las acciones de su representado constituyeron únicamente "interlocución política".
El abogado sostuvo que el exdiputado carecía de poder de decisión sobre la política exterior estadounidense y que no recurrió a la violencia ni a amenazas graves. Sin embargo, los magistrados desestimaron esta postura y las solicitudes de nulidad del proceso, determinando que la víctima de las presiones fue el sistema judicial brasileño.
Eduardo Bolsonaro se trasladó a territorio estadounidense con el propósito de estrechar lazos con la administración de Donald Trump. Posteriormente, el Gobierno de Estados Unidos implementó sanciones contra varios miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil y aplicó aranceles a la nación sudamericana, calificando el proceso contra la familia Bolsonaro como una "caza de brujas".
Este escenario técnico-jurídico se produce meses después de que el expresidente Jair Bolsonaro fuera sentenciado en septiembre pasado a 27 años de cárcel por conspiración para un golpe de Estado, tras los comicios presidenciales de 2022.