Redacción
Ciudad de México.- El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Nicaragua alertó que las agresiones contra la población no sólo se han intensificado, sino que ahora se extienden fuera de las fronteras nacionales.
Según el organismo, existe una red de corrupción institucionalizada donde recursos originalmente destinados a la asistencia social son desviados para sostener el aparato represivo del Estado.
CORRUPCIÓN COMO HERRAMIENTA POLÍTICA
Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Jan-Michael Simon, presidente del grupo, explicó que han documentado una conexión directa entre la estructura del partido Sandinista y el encubrimiento contable de fondos públicos utilizados para cometer abusos.
Las pruebas recabadas incluyen registros presupuestarios y comunicaciones electrónicas que demuestran que la corrupción en el país funciona como un mecanismo de financiación encubierta para la persecución.
Este sistema busca silenciar a cualquier voz disidente, aprovechando que la crisis nicaragüense ha perdido espacio en la agenda mediática internacional frente a otros conflictos regionales.
UN ABANICO DE VÍCTIMAS EN EXPANSIÓN
La persecución estatal ha diversificado sus objetivos, alcanzando a diversos sectores de la sociedad civil.
Entre los afectados se encuentran:
• Activistas, periodistas y defensores de derechos humanos
• Líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos
• Miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas
El informe destaca que uno de los fines principales es desarticular a la oposición organizada en el extranjero.
Para lograrlo, el gobierno ejerce represalias contra los familiares que permanecen en el país, mediante detenciones arbitrarias, confiscación de propiedades y prohibiciones de salida, fomentando un clima de aislamiento y autocensura,
CASOS CRÍTICOS Y TORTURA
El experto Reed Brody denunció que las detenciones arbitrarias se utilizan como una herramienta de control central, donde las víctimas sufren aislamiento total y falta de atención médica.
En muchos casos, estas condiciones incluyen tratos crueles que podrían ser calificados como tortura.
Se hizo un énfasis especial en la desaparición forzada de 11 personas y la situación de vulnerabilidad de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henríquez James.
La Unión Interparlamentaria expresó su profunda alarma por la falta de información sobre el paradero y estado físico de Rivera Bryan, exigiendo pruebas de vida a las autoridades.
Finalmente, el Grupo de Expertos instó al gobierno de Nicaragua a desmantelar su sistema represivo y permitir el ingreso de observadores internacionales.
Cabe destacar que la delegación diplomática nicaragüense no estuvo presente durante la lectura del informe en Ginebra.
IMCM