En nuestro país existen alrededor de 8,000 indígenas que se encuentran desde hace varios años en prisión, aún a la espera de recibir sentencia, muchos de estos indígenas no hablan español. Y podría pasar mucho tiempo antes de que su situación se resuelva.
El portal Animal Político da cuenta de la historia de Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.
El caso de Adán es peculiar, pues su lenguaje nativo es el zapoteco y no habla bien el español, cuando fue detenido fue golpeado y obligado a firmar una declaratoria de culpabilidad, que no fue de su autoría.
Desde ese entonces ha intentado comprobar su inocencia pues de acuerdo con las pruebas que ha presentado, él se encontraba a 768 kilómetros de distancia del lugar donde se cometió el delito del cual se le acusa.
El juez que lleva el caso, argumenta que el proceso se ha retrasado por la falta de traductores y a la carga de trabajo de la Defensoría Pública por la falta de abogados.
“En estos casos hay complicaciones y se retrasan. A veces no hay traductores, o no viene el agente aprehensor que debería declarar. O no hay gasolina para trasladar al reo, o hay bloqueos, o es difícil encontrar a las personas con las que se va a carear. Y si no seguimos el debido proceso nos impugnan y retrocedemos tres años. Y él ha ofrecido muchas pruebas, son estrategias de la defensa”, señaló.
En México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos. Lo que significa que por cada 600,000 habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal de oficio.
La Defensoría Pública Federal solo atiende casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado.
En 2016, hubo defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año, explicó el director de la dependencia, sin embargo no son los suficientes para atender toda la problemática.
En 2015, el Senado mexicano pidió mayor justicia para los pueblos indígenas, por lo que se presentó una iniciativa de ley para exigir la acreditación profesional de los defensores públicos especializados en pueblos indígenas y garantizar su servicio en todas las etapas del proceso penal. Pero a la fecha, nada de eso se ha concretado.
