Organizaciones ganan más recursos para frenar obras del tramo tres del Tren Maya

EFE

Ciudad de México.- Organizaciones civiles anunciaron este miércoles que obtuvieron más recursos legales para frenar de forma temporal nuevas obras del tramo tres del Tren Maya, construcción emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, Chuun t'aan Maya de Yucatán y el grupo Indignación obtuvieron suspensiones provisionales, es decir, medidas cautelares por tres juicios de amparo en contra de las obras del Tren Maya en Yucatán.

"(Se ordena) la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se continúen las obras de construcción del proyecto denominado 'Tren Maya', hasta que se dicte la suspensión definitiva de los actos aquí reclamados", ordenó la juez cuarto de distrito con sede en dicho estado.

El Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de 6 mil 294 millones de dólares para cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Pero estas organizaciones impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado del proyecto.

Las agrupaciones denunciaron la violación al derecho a la información, la vulneración del derecho a la adecuada participación de las comunidades indígenas y la omisión de una evaluación ambiental regional.

HAY MÁS RECURSOS

Estos recursos se suman a otro juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, de Yucatán.

El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por 10 mil 192 millones de pesos.

Por ahora, solo afecta a obras de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso contra el segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche, adjudicado al consorcio de la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el empresario Carlos Slim.

IMCM