MÉXICO.- Diputados del Partido Acción Nacional, encabezados por su coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, presentaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  una denuncia por la compra irregular de medicamentos e insumos y la contratación de servicios por parte de las instituciones de salud del país.

La denuncia está dirigida a la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional.

A través de un comunicado, los legisladores acusaron que de acuerdo con lo reportado en el sistema Compranet y los análisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), plasmados en el documento “¿Compras de emergencia o compras de pánico?” , se identifican tendencias y patrones preocupantes.

Sostuvieron que los gastos realizados para atender la pandemia, se han realizado con una gran opacidad y falta de información.

“Una gran parte de las compras realizadas incumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio, a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados”, señalaron.

En el documento, destacaron que 700 millones de pesos gastados por el IMSS no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos; también que tanto el ISSSTE, como la SEDENA, han adquirido equipo médico especializado con empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud; y que la SEDENA ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al sector salud, por más de tres millones 360 mil pesos.

El caso del Insabi, aseguraron que no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria.

Asimismo, agregaron que tampoco existe información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de nueve mil millones de pesos que se anunciaron como parte del inicio de operación de la institución, ni tampoco sobre los 40 mil millones de pesos que se le transfirieron de manera adicional a su presupuesto ordinario, del que anteriormente era el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

Además, respecto de los recursos destinados a la emergencia es preocupante señalar que la mayoría son adjudicaciones directas, sin controles adecuados, que aumentan los riesgos de corrupción. 

“Ante tantos indicios de violaciones a la ley y malversación del gasto público, la Auditoría Superior de la Federación debe actuar”, sentenciaron.

La querella fue presentada por el coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan, Jorge Arturo Espadas Galván, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Karen Michel González Márquez, Janet Melanie Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano y Ricardo Villarreal García.

DVC

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