México, 27 Nov .- Debido a que una mujer estuvo en prisión durante casi siete años, acusada falsamente de formar parte de una banda de secuestradores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 64/2018 al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura local, Álvaro Augusto Pérez Juárez.
Lo anterior, al acreditarse que, con sus acciones, servidores públicos de esas instancias violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia, así como de acceso a la justicia en su modalidad de administración de justicia en agravio de la mujer.
La detención de la afectada derivó del secuestro de tres personas cuando circulaban en un vehículo por el Circuito de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, dos de las cuales aparecieron muertas días después.
La tercera sobrevivió y testificó que el día del secuestro una mujer, haciéndose pasar por una autoridad policial, les marcó el alto para revisar el automotor, los obligaron a descender del mismo y enseguida los subieron a otro vehículo llevándolos secuestrados.
Con motivo de esos hechos, la procuraduría local aseguró a seis personas, entre ellos a la víctima, sin que existiera una imputación directa, firme y categórica en su contra, advirtiéndose del análisis de evidencias hecho por la CNDH, que la imputación hecha contra la víctima derivó de una denuncia anónima recibida por la PGJ capitalina.
En la referida denuncia se le relacionaba como integrante de una banda de secuestradores, que como característica colocaba una flor en la boca de las víctimas secuestradas.
Del mismo modo, se desprendió que aunque el testigo señaló la intervención de sólo una persona del sexo femenino en el retén donde se habría verificado el secuestro de las tres personas, por ese mismo hecho fueron procesadas dos mujeres: la víctima ante el Juzgado del Fuero Común y otra mujer probable responsable en el fuero federal por los mismos hechos.
Después de seis años, 10 meses y 11 días, el Juzgado del Fuero Común ordenó su libertad, porque la agente del Ministerio Público presentó inacusatorias, es decir, reconoció expresamente que no había elementos que sustentaran válidamente las imputaciones formuladas en su contra, tanto en el caso que se ha referido, como en otros ocho respecto de los cuales se le pretendió, infundadamente, fincar responsabilidad.
Por ello, la CNDH solicitó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México reparar integralmente el daño a la agraviada, en términos de la Ley General de Víctimas e inscribirla al igual que a sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, instruir al titular de la PGJ capitalina para que en coordinación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ofrezca una disculpa pública.
Notimex
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