Desde joven escuché sobre elecciones para presidente, gobernador, senador y diputado. Conforme pasan los años, veo que nuestro sistema político garantiza la democracia a través de elecciones. Asimismo, existe la idea de que la democracia se perfecciona con más participación.
México ha ido al extremo de crear muchos cargos de elección popular para garantizar la democracia. Me explico: antes no había elecciones en el Distrito Federal para Jefe de Gobierno, delegados y/o asambleístas, solo existían 300 diputados federales (hoy son 500) y 64 senadores (hoy son 128) y el órgano electoral (hoy conocido como Instituto Nacional Electoral) no era independiente.
Este incremento en el presupuesto del gobierno representa un costo real para todos los ciudadanos.
Hay quienes argumentan que es obligación del Estado mantener el sistema democrático para asegurar que no habrá arbitrariedad en la forma en que se realiza. Estoy de acuerdo con lo anterior. Sin embargo, incrementar el número de representantes populares, crear un órgano independiente (que recibe dinero del erario público) para verificar que los procesos electorales se lleven a cabo de manera justa y financiar a los partidos políticos con el fin de prevenir que fondos de dudosa procedencia o del crimen organizado influyan en las elecciones, no es viable en un país cuyo gobierno debe enfocarse a temas de desarrollo social y seguridad de la población.
Comprendo que en su momento era necesario fortalecer la democracia mexicana a través de procesos electorales justos, mayor representatividad y financiamiento de los partidos políticos. Hoy, la realidad mexicana es otra. No debe ser labor del estado financiar a los partidos políticos. Los partidos que pueden subsistir por si mismos deben hacerlo y los que no, desaparecer. Si se debe fortalecer el órgano regulador de financiamiento de los partidos y se debe reducir el número de representantes en el poder legislativo para que representen a los ciudadanos y no a los partidos.
