Un soldado de la 18 Zona Militar del estado de Hidalgo, de nombre Cleotilde Espinoza Torreón se encargó de hacerle la vida imposible a su esposa durante varios años hasta que terminó con asesinándola el 14 de agosto de 2014.
De acuerdo con información obtenida del portal Animal Político, la joven J. fue golpeada, violada y amenazada de muerte en cinco ocasiones por el militar.
Pese a que los ataques fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, las autoridades nunca hicieron nada al respecto, aún cuando los delitos de lesiones, violación y secuestro deben perseguirse como lo establece la ley.
Este militar además de asesinar a su mujer y cuñado enfrente de sus hijos, se dio a la fuga y sigue impune el caso.
Durante siete años, J. y Cleotilde Espinoza vivieron en unión libre y tuvieron dos hijos. Durante estos años (2006 a 2013) la víctima no dejó de sufrir agresiones por parte de su pareja.
Para finales de 2013, J. denunció la situación ante la Procuraduría, quienes tardaron cinco meses en proceder contra el agresor para finalmente meterlo a la cárcel por ¡dos días!
Un mes después de este hecho, el militar invadió la vivienda de J. y la golpeó, enfrente de sus hijos, para luego darse a la fuga.
La mujer volvió a denunciarlo, pero no contaba con que el personal de la dependencia le sugiriera perdonar al militar y así evitarse más problemas con él, sin embargo, ésta se negó e insistió en que se procediera penalmente. Luego de la insistencia, la Procuraduría aceptó tramitar una orden de reaprehensión en contra del hombre, pero el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó, por considerar que esto podía ser “una molestia” para el acusado.
Por este motivo, J. abandonó su vivienda y huyó a casa de su madre, donde Espinosa Torreón fue a buscarla en dos ocasiones para golpearla y violarla.
Una vez más, pese a las denuncias, la Procuraduría no hizo nada.
Según la denuncia de la familia, el militar se llevó a la joven madre de la casa en la que se refugiaba a golpes, tirándola del cabello, y apuntándola con una pistola, para introducirla en un vehículo. Luego, puso a bordo a los dos niños y se fue, con rumbo desconocido.
Tras ser liberada, su expareja, en complicidad con otro militar no identificado hasta la fecha, la mantuvieron toda la noche privada de la libertad en una vivienda, junto con sus hijos.
J. intentó nuevamente buscar ayuda de las autoridades, aunque ya no a la Procuraduría, sino a la 18 Zona Militar, a la que estaba adscrito su esposo.
En dichas instalaciones se negaron a ayudarla y la remitieron al DIF estatal, pero en esta insitución nuevamente la redirigieron a la Procuraduría de Hidalgo.
La víctima siguió insistiendo en la Procuraduría y la remitieron a la Secretaría de Salud estatal, para que esta dependencia diera albergue a la joven madre, y a sus dos hijos.
En ese lugar, dirigido por la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría de Salud hidalguense la víctima y sus hijos recibirían alimento y atención psicológica, durante tres meses. Pero días después de su ingreso, sus hijos fueron expulsados del albergue sólo porque la mujer había solicitado agua y papel de baño para uno de los menores que se encontraba enfermo..
J. denunció también que, en ese albergue, las mujeres eran obligadas a cocinar alimentos que no les proporcionaban.
Por sus propios medios, la familia de J. logró que fueran recibidos en otro albergue, el cual, no obstante, la joven decidió abandonar siete días después.
El 14 de agosto de 2014, luego de abandonar el segundo albergue, J. se dirigió, junto con sus hijos y un hermano, a la casa de la que había huido en junio para recoger sus pertenencias.
Ese mismo día, el militar invadió dicha vivienda y asesinó a la mujer y su hermano enfrente de los niños y escapó.
