Dos principios esenciales de un régimen democrático son la participación ciudadana (directa o indirecta) y la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Los ciudadanos eligen directamente a ciertos miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Desgraciadamente, en México los partidos políticos han dejado de representar a los gobernados y se concentran en conservar sus posiciones políticas para continuar en el poder.
En un mundo ideal, los tres poderes actuarían como contrapesos entre sí. Sin embargo, en México es común que las prioridades de los que ocupan los cargos disten de los intereses ciudadanos. En ocasiones, la representación ciudadana, principio que debe imperar en el accionar de los legisladores, se limita ante las negociaciones de los coordinadores parlamentarios.
Ahora bien, desde que asumió la presidencia Donald Trump en Estados Unidos, los poderes Legislativo, incluso ciertos miembros del Partido
Republicano (partido que postuló a Trump a la presidencia), y Judicial, demuestran su autonomía. Una promesa de campaña de Trump, la aprobación de un nuevo sistema de salud para reemplazar el aprobado por el ex presidente Obama y el Congreso, se discutió en la Cámara de Representantes. El Presidente Trump la apoyó y el líder de la Cámara, que es miembro del Partido Republicano, la presentó. Sin embargo, ciertos legisladores republicanos no estuvieron de acuerdo con la propuesta. A pesar de que el Presidente Trump intervino en las
negociaciones, el nuevo sistema de salud no se aprobó.
Los legisladores mexicanos deberían aprender de los diputados norteamericanos en el sentido de no votar cualquier tema en bloque, por el simple hecho de pertenecer al mismo partido. Los legisladores son representantes de los ciudadanos y, como tal, deben consultarlos. No es posible que los legisladores solamente se acerquen a los ciudadanos previo a una elección para pedir su voto y, una vez electos, velen por los intereses de sus partidos, no sus representados.
