La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló nueve casos de tortura por parte de militares, ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y encubiertos por la Procuraduría General de la República (PGR).
Ocurrieron entre los años 2014 y 2016 en los estados de Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas; las nueve víctimas son hombres, cuatro de ellos eran militares y dos sufrieron agresiones sexuales.
#CNDH recomienda a @SEDENAmx reparar el daño a los 9 agraviados conforme a la Ley General de Víctimas, inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, y colaborar en la denuncia de hechos y queja que se formule ante @PGR_mx contra los elementos involucrados en los hechos.
— CNDH en México (@CNDH) 12 de diciembre de 2018“Como práctica constante, se acreditó que los actos violatorios consistieron en el amarre de extremidades (manos y/o pies), golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas (2 personas), golpes con objetos (en glúteos y plantas de los pies), intentos de asfixia y actos violentos”, detalló la CNDH.
De acuerdo con la CNDH , se acreditó como una práctica común entre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizar “detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas y que derivan en actos violatorios de derechos humanos”.
Asimismo se acreditó que en seis de los casos los agentes del Ministerio Público Federal, a pesar de tener suficientes elementos para iniciar una investigación penal por el delito de tortura, no lo hicieron en su momento y se señala a un funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) apodado “el licenciado” como el posible responsable de estas omisiones.
Todos los datos anteriores están en la recomendación 16VG/2018 que la CNDH hizo pública este miércoles pero que fue emitida desde el 28 de noviembre, apenas tres días antes del cambio de gobierno.
Está dirigida a Salvador Cienfuegos Zepeda y Alberto Elías Beltrán, titulares de la Sedena y PGR (como encargado de despacho) respectivamente; y tocará al gobierno actual investigar y acatar las recomendaciones.
