Secuestradores de Tlalpan podrían pasar hasta 90 años en prisión

El pasado 01 de marzo elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer, de 25 y 21 años de edad, respectivamente, por su probable participación en el secuestro de una persona, ocurrido en la delegación Tlalpan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 23 de febrero, el agraviado salió de su domicilio ubicado en la colonia Lomas de Padierna, para dirigirse a su trabajo. En ese momento, fue interceptado por dos hombres armados, quienes violentamente tomaron el control de la camioneta Dodge, tipo RAM, propiedad de la víctima.

Durante el trayecto, el afectado fue cambiado de vehículo y los probables participantes lo obligaron a comunicarse con sus familiares para exigir el pago del rescate. Dos horas después, lo ingresaron a un inmueble al que  llegó la imputada, quien se encargó de cuidarlo y alimentarlo.

Ese mismo día, los secuestradores negociaron con los parientes la liberación y exigieron a cambio otro vehículo y dinero en efectivo, además de quedarse en poder de la camioneta Dodge Ram. La operación de entrega se realizó en inmediaciones de la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc; posteriormente, la víctima fue liberada.

Una vez que el ilícito se denunció en la Fuerza Antisecuestro FAS, se implementó el protocolo de actuación que garantiza la integridad física y psicológica de las víctimas directas e indirectas, para brindar asistencia al denunciante y a sus familiares. 

En entrevista con el representante social, el denunciante identificó plenamente al inculpado como el hombre que tomó el control de su camioneta cuando lo secuestraron, y que éste realizó las llamadas de negociación durante el tiempo que estuvo en cautiverio; mientras que la probable participante abordó el segundo vehículo en el que lo mantuvieron privado de la libertad, encargándose también de cuidarlo y alimentarlo.

A partir de las indagatorias efectuadas por la Policía de Investigación (PDI) se acreditó, a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando C2, que el acusado estuvo en el día y lugar en que se cobró el rescate; además, cuenta con un antecedente de investigación en 2010 por el delito de portación de arma de fuego.

De encontrarse penalmente responsables del hecho delictivo, los imputados podrían ser acreedores a una pena de prisión de entre 50 y 90 años.