Los militantes de los partidos políticos en EEUU realizan convenciones para elegir a sus candidatos presidenciales. Éstas se dan seis meses antes de la elección presidencial. Previo a esto, los precandidatos debaten, se reúnen con grupos de interés y, lo más importante, recaban fondos privados para financiar su campaña. En las precampañas los candidatos amasan sus fondos para utilizarlos en la campaña.
En México, las cosas son diferentes. Los precandidatos piden el apoyo político de los líderes de su partido para contar con recursos en las precampañas. Dependiendo el partido político habrá o no precampaña. Algunos optan por no tenerlas para prevenir desgaste político de quien será el candidato. Los precandidatos pueden crear fundaciones y/o asociaciones civiles para recibir financiamiento privado pero dependen mayoritariamente del financiamiento de sus partidos.
Nuestra ley electoral continúa favoreciendo el financiamiento público argumentando que el Estado debe garantizar que el financiamiento no sea de fuentes ilícitas como el crimen organizado y/o el narcotráfico. Por ende, el financiamiento público es una carga al presupuesto del Gobierno Federal y directamente a los contribuyentes.
Este fin de semana, el PRI realizó su Asamblea Nacional Ordinaria. Todos los partidos están obligados a realizar asambleas de manera anual. Lo relevante de esta asamblea fue que confluyeron los sistemas de partidos de EEUU y México. Como en EEUU, participaron representantes de la militancia y se reformaron los estatutos. Ahora las reglas de postulación son más abiertas (antes era necesario ser militante por 10 años para ser precandidato del PRI a la Presidencia de la República y ahora simpatizantes del PRI pueden serlo). Sin embargo, editorialistas
concuerdan que las reformas permiten que el Presidente de la República (hoy miembro del PRI) tenga la facultad de facto de designar candidato (eliminando el principio democrático que tienen las reuniones de los partidos políticos en EEUU).
