Va la CDH ante instancias internacionales por Ley de Seguridad Interior

Nashieli Ramírez Hernández , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, indicó que antes del 7 de febrero interpondrán un recurso de reclamación por el “desechamiento” de la Controversia Constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.

La titular de la CDH indicó que lo que solicitan a la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una interpretación progresiva, extensiva y garantista; no limitativa. Esto debido a que “las competencias impugnadas son del orden sustantivo, no son menores, ni de orden administrativo; al invadirnos en esas competencias y al no permitirnos hacer nuestro trabajo con autonomía, lo que están quitando del centro es a las víctimas”, indicó.

Se indicó que el organismo capitalino enviará información a los Comités de Derechos Humanos del Sistema Universal; además, se elaborará un "Amicus Curiae", ante las acciones inconstitucionalidad plateadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual buscará coordinarse con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para que se incluya como parte del tema a presentarse en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

De acuerdo con información de Excélsior, Iván García Gárate, Segundo Visitador General de la CDH capitalina, apeló a la diversidad de posturas e interpretaciones que existen al interior de la Suprema Corte y de su poder como Máximo Tribunal para decir qué es el Derecho y qué es lo que dice la Carta Magna.

A su vez, Juan Carlos Arjona Estévez, Cuarto Visitador General, indicó que "lo que está en juego son los derechos de los habitantes de la República, ya que su información debe permanecer  resguardada por las Defensorías Públicas Autónomas y no ser puesta a disposición ni de las Fuerzas Federales ni de las Fuerzas Armadas, como lo manda la Ley de Seguridad Interior".

 

¿QUÉ ES EL "AMICUS CURIAE"?

La “amicus curiae” es una expresión latina que se traduce como “amigo de la corte”, es una institución derivada del derecho romano utilizada principalmente en el derecho anglosajón. Su objetivo es abrir la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, así como para promover voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre la materia del litigio.

EL "DESECHAMIENTO"

Cabe señalar que el pasado 29 de Enero, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó dos recursos presentados contra la Ley de Seguridad Interior.

Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina y la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Chihuahua fueron rechazadas por la falta de atribuciones de dichos organismos para impugnar a los poderes federales.

Ante esto, el ministro indicó que “el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, establece que los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas son sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, pueden hacerlo sólo contra leyes expedidas por las legislaturas locales correspondientes”.

Hasta este lunes, la Corte ha aceptado los recursos contra la Ley de Seguridad Interior, publicada por el Ejecutivo, el pasado 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cabe señalar que las impugnaciones contra dicha Ley son las realizadas por los municipios de Parral y San Pedro Cholula, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  y Protección de Datos Personales (INAI), así como la impugnación realizada por un grupo de diputados y la solicitud de un grupo de senadores.

En tanto, una controversia más fue rechazada porque el municipio de Chihuahua puso como “terceros interesados” a 30 entidades de la República, además de la Ciudad de México.