Por Víctor H. Zamora
El pasado 24 de marzo, apenas hace 3 días, México entró oficialmente en la fase 2 de la contingencia por coronavirus COVID 19, lo que significa básicamente que pasamos de la etapa de casos importados a la de contagios locales, y por lo tanto el reforzamiento de medidas como el distanciamiento social, suspensión de actividades no esenciales, activación del plan DNIII y el reclutamiento de más personal de salud.
Más allá de toda la retórica en las conferencias y comunicados de prensa, ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, que contiene las medidas de contención de la epidemia, y sólo un pequeño párrafo que establece, en síntesis, que las relaciones laborales se mantendrán de acuerdo con los instrumentos jurídicos que correspondan.
El día de ayer, 26 de marzo, el Subsecretario López Gatell anunció la suspensión de todas las actividades de la Administración Pública Federal, salvo aquellas que por su naturaleza sea esencial mantener. Por su parte, el Director de Prestaciones Económicas del IMSS anunció un mecanismo a distancia para agilizar la declaratoria de incapacidades, lo cual es un acierto para evitar aglomeraciones y tener mayor control sobre posibles nuevos casos.
Desde mi punto de vista, las medidas que se han tomado para administrar la crisis sanitaria han sido eficaces y oportunas, aún cuando los datos oficiales de contagios muy seguramente no consideran todos los casos en tiempo real, ya sea por las limitaciones en la aplicación de pruebas o por la demora en contar con los resultados, además de que es apenas en esta fase 2 que podremos apreciar la verdadera eficacia de las medidas.
En contraste, las medidas para paliar los efectos en la economía, que serán devastadores para todos los sectores sociales, son acotadas y de muy corta visión, ya que están exclusivamente orientadas a comercios de base familiar o autoempleados, así como a sectores sociales subsidiados.
Los apoyos anunciados al momento, aunque no oficializados por instrumento legal alguno, consisten en adelantar apoyos sociales y en otorgar a micronegocios 1 millón de créditos por 25 mil pesos cada uno, de los cuáles 50% serán para comerciantes informales y 50% para comerciantes formales.
Sin duda estos apoyos son necesarios, por supuesto, pues están focalizados en los sectores sociales más vulnerables que no pueden darse el lujo de quedarse en cuarentena sin apoyo externo. Aquellosque si no trabajan un día, no tendrán al siguiente los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades más básicas.
En contraparte, el Presidente reiteró el día de ayer que no habría condonaciones o reducción de impuestos para grandes empresas, bajo el argumento, que comparto totalmente, de que es prioridad apoyar a los más necesitados y que son las pymes las que soportan el 90% del empleo en México. Hay que añadir, además, que son las grandes empresas y sus empresarios quienes están en mejores condiciones de aguantar y salir bien librados de esta situación.
No obstante, enfocarse únicamente en los micronegocios es también una medida extremista, además de miope e irresponsable, pues ello implica atender únicamente 500 mil establecimientos formales de un universo de 4.7 millones, lo que significa dejar a su suerte a más de 4 millones de establecimientos formales de micros a medianos, muchas de las cuales se irán a la quiebra llevándose entre las patas a los trabajadores y sus familias.
El apoyo gubernamental es obligado, pues negarlo equivale a decretar la quiebra de miles de empresas y el disparo del desempleo en tan sólo unas cuantas semanas. Y el apoyo no necesariamente pasa por dar créditos o subsidios, sino por medidas tan básicas como condonar o posponer el pago de impuestos, cuotas de seguridad social y servicios públicos, de manera que la previsible pérdida de ingresos y liquidez se vea al menos aligerada en ese campo, así como dar certidumbre a las empresas sobre la posibilidad de ajustar salarios a sus trabajadores en concordancia con la contingencia, como lo prevé la propia Ley Federal del Trabajo.
No hay que perder de vista que la situación de las mipymes en México es complicada, pues la mayor parte de ellas no sobreviven más de 2 años en condiciones normales. Ahora, en una situación como la actual, ese periodo se reducirá considerablemente para muchas de ellas y perecerán antes de que concluya la emergencia.
Por desgracia, el Presidente sigue obsesionado con su imaginaria lucha contra el “neoliberalismo”, encasillado en su discurso de polarización y división social, y dirigiéndose casi exclusivamente a un sector social que coincidentemente compone el grueso de su base electoral.
Una situación de emergencia como la actual, exige la acción responsable y decidida de un estadista, de un verdadero líder que represente a toda la sociedad con una visión progresista y de largo plazo, que lejos de dividir unifique a una sociedad históricamente polarizada.
Seguimos en espera de que Andrés Manuel López Obrador comprenda dónde está parado y actúe acorde a su investidura. Es su oportunidad de transcender y de convertirse en el Presidente de todos los mexicanos.
