EFE
Ciudad de México.- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Guanajuato no criminalizar a quienes protestan para defender los derechos humanos, pues aseguró que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica.
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En un comunicado, expresó su preocupación por la situación que enfrentan Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, a quienes se les sigue un proceso penal tras haber participado en una manifestación pacífica el pasado 10 de julio.
Exigimos revisar el proceso penal que enfrentan Gisela Verenice Olimpia Montoya, Karla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, tras haber participado el 10 de julio de 2020 en una manifestación pacífica en #Guanajuato. @diegosinhue https://t.co/NcfMnEUyWc
— Amnistía Int. México (@AIMexico) August 11, 2020
"El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho", declaró Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional México.
De acuerdo con la organización, las manifestantes, que son familiares de personas desaparecidas, buscaban una audiencia con el gobernador para tratar la grave problemática de desaparición de personas que prevalece en esa entidad, pero fueron detenidas junto con un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al respecto, la CNDH y la Organización de las Naciones Unidas, en la detención de esas personas las autoridades hicieron "uso excesivo de la fuerza" pues se agredió físicamente a los manifestantes e, incluso, se lesionó a una de ellas.
Las cuatro detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común, y posteriormente las liberaron bajo las reservas de la ley.
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LLAMAN A LA TRANSPARENCIA
Reneaum Panszi pidió a las autoridades guanajuatenses llevar a cabo una investigación "amplia, clara y expedita" de los hechos ocurridos, para que se sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación.
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A pesar de la aparente recuperación económica nacional, las proyecciones señalan que no se verá restaurada por lo menos en cuatro añoshttps://t.co/YhqTjsQ7er
Y aseguró que, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, los Estados deben abstenerse de recurrir al sistema de justicia para tratar de impedir o penalizar las actividades legítimas de reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos.
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Señaló que, por el contrario, se deben tomar las medidas necesarias para que "no se sometan a juicios infundados o injustos" a personas que reclaman legítimamente el respeto y protección de derechos humanos.
IMCM
