Por Aarón Cruz Soto
Ciudad de México.- Como señalábamos en la primera parte del reportaje, la mina Cuzcatlán es propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., la cual en 2006 adquirió el terreno para la construcción de ese espacio, años después tramitó una aprobación de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que le fue negada el año pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sin embargo, en este año intentó aumentar de nuevo su superficie para explotar, pues el pasado 7 de julio se tuvo conocimiento que la firma ingresó una nueva MIA Modalidad Regional “San José II”. Con esto la compañía busca aumentar el tiempo de vida de la mina.
Este nuevo proyecto, al parecer aumentaría la zona de influencia, de tal manera que abarcaría pueblos como San Pedro Apóstol. Pero al parecer este procedimiento que se da en el contexto del Covid-19 se encuentra en la indeterminación. Toda vez que la Semarnat no se ha pronunciado al respecto.
BUSCAN LAVAR SU IMAGEN
Cabe destacar que aunque la empresa ha intentado limpiar su imagen como sucedió en 2019 durante el festival de cine Oaxaca FilmFest, los encargados del evento se vieron obligados a abandonar el patrocinio que recibían por parte de la mina ante la presión popular.
En aquella ocasión, pobladores del Valle de Ocotlán se manifestaron en el Centro de Convenciones del Hotel Fortín Plaza para exigir la cancelación del proyecto minero y cuestionaron el financiamiento de la Compañía Minera Cuzcatlán (CMC), pues acusaron que con él la compañía intentaba “lavar” su imagen.
Pero esta política de congraciarse con cierto sector de la población no es nueva, debido a que a la región acuden activistas y hasta tienen un encargado de enlace comunitario, Alfredo Saucedo, que presume en redes sociales una foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
LA CULPAN DE HOMICIDIOS
Además, la corporación ha sido señalada por los homicidios de al menos cinco personas en la comunidad. Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez fueron asesinados el 18 de enero y 15 de marzo de 2012 respectivamente, el primer asesinato según testigos ocurrió durante el intento de Fortuna Silver Mines Inc, de instalar una tubería de agua en beneficio de la minera.
Mientras que el 6 de mayo de 2009, el Valle de Ocotlán fue ocupado por 3 mil 500 elementos de la policía preventiva estatal y de la Policía Federal. La acción fue orquestada por el entonces gobernador Ulises Ruiz y su secretario general de gobierno Jorge Toledo Luis.
En ese operativo fueron detenidas 18 personas habitantes de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, quienes fueron acusadas de ataques a las vías de comunicación.
Dichas acciones fueron ejecutadas por Jorge Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de la policía estatal y Armando Cabrera Vásquez, comisario de la Policía Federal en Oaxaca, quien actualmente es comisionado por el gobierno de López Obrador para encargarse de la seguridad de Veracruz.
Cabe destacar que en su recorrido del 28 de junio del año pasado, donde evaluó los trabajos de construcción de la carretera a la costa, los pobladores de Magdalena Ocotlán bloquearon un tramo para pedirle al presidente López Obrador que fueran atendidos por la contaminación que genera la mina, a lo que éste se comprometió a mandar un representante para atender la situación.
Pero hasta el día de hoy, nadie de la Presidencia de la República se ha presentado en la comunidad.
