Por Mike Volta
Así es mis estimados lectores, ya fue debidamente aprobada, promulgada y desde el día 2 de mayo en vigor la ansiada reforma a la Ley Federal del Trabajo, que en uno de sus puntos más importantes establece lo que será la transición de los procedimientos que actualmente se encuentran ante las juntas de conciliación y arbitraje y, para que después se inicien los juicios ante lo que serán los nuevos tribunales de trabajo, con la consigna de resolver y terminar los que estén actualmente en trámite.
Efectivamente; ya entrada en vigor esta reforma; las Juntas Federal y Locales presentaran al Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, el PLAN y PROGRAMA de TRABAJO para la CONCLUSIÓN de ASUNTOS en trámite, dentro de los siguientes 120 días naturales, es decir aproximadamente 4 meses, esto es, 1o de septiembre de 2019.
Lo anterior dará lugar a la REVISIÓN por parte del Órgano Interno de Control de cada Junta sobre INDICADORES DE LOS RESULTADOS del plan y programas para conclusión de asuntos, cada 6 meses a partir de la reforma.
Adicionalmente La STyPS emitirá lineamientos de operación y la convocatoria para la primera sesión del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, dentro de los 45 días siguientes, es decir, 17 de junio de 2019.
Lo anterior desde luego implicará la necesidad de concluir los procedimientos que actualmente se encuentran en trámite, y esa conclusión necesariamente traerá como consecuencia del cumplimiento de las determinaciones generadas hasta ese momento con el carácter de obligatorias Y que deberán ser acatadas por las partes.
Ahora bien, debemos considerar que en gran parte de los procedimientos que conforman el gran rezago que tienen las juntas de conciliación y arbitraje y, así como el tribunal Federal de conciliación y arbitraje y, corresponden a juicios en que está involucrado el gobierno federal, gobiernos locales o bien instituciones, entidades y dependencias que operan con recursos públicos.
Es bien conocido, que en los procedimientos en que el demandado es alguno de los señalados anteriormente, no será posible la obtención del cumplimiento de los procesos de los laudos con alguno de los señalados anteriormente, es decir no habrá cumplimiento de los laudos condenatorios, hasta en tanto esas resoluciones no se encuentren firmes, incluso, estándolo, muchos de los procedimientos han observado falta de voluntad, falta de recursos o por razones políticas.
El caso es que no son pocos los juicios que actualmente se encuentran en ese caso, incluso de haber existido negociación o conciliación por parte de las demandadas en estos procedimientos, en las etapas conciliatorias de los mismos, estos no observarían los montos tan grandes que por indemnizaciones salarios caídos y prestaciones laborales están ahora en franca etapa de ejecución y sin pago por parte de los acorralados demandados , quién es muchas veces prefirieron dejarle el problema a quien vendría después a ocupar el cargo; Y los trabajadores actores en dichos procedimientos en su mayoría no cuentan con apoyo de sus sindicatos.
No debemos perder de vista que muchos procedimientos también se iniciaron con motivo de los recientes despidos y cese de la actual administración y también deben incluirse en la gran cartera del pasivo laboral a cargo del erario público.
Y la pregunta estimado lector es, ¿habrá voluntad política para cumplir con las obligaciones de pago a que fueron condenadas las mencionadas dependencias?; si efectivamente esta nueva administración tiene la intención de contribuir a la entrada en vigor de la reforma en materia de justicia laboral, deberá entonces hacer las previsiones financieras para dar cumplimiento a estas condenas y en el futuro, someterse también a los procesos de conciliación con el organismo público respectivo creado para tal efecto, dejando de lado ese criterio de sólo proceder al pago únicamente con resolución firme y líquida.
¿Conciliar los procedimientos laborales por parte de quienes ejerzan recursos públicos, no será visto como una nueva puerta a la corrupción?
Si el buen juez por su casa empieza, la actual administración deberá dar el ejemplo con el cumplimiento de dichos procedimientos con cargo al erario en que ha sido condenado, sin distinción, y así liberar la gran carga de trabajo que actualmente se tiene y evitar que en el futuro se vuelva a generar esta situación.
Desde luego esta tarea resulta casi imposible, ya que por décadas se ha intentado hacer como que estos procedimientos no generan cargo al no existir recursos suficientes para ello.
De seguir creciendo desmesuradamente el pasivo laboral que tiene el Estado, y sin voluntad ni recursos para eliminar este pasivo laboral; será un grave problema.
Quizá seguramente el gobierno cree que el que muchos abogados laboralistas por fin cobren sus honorarios en algún momento; dará paso a liberar al Kraken!!
