Por Moris Beracha
Continúa en aumento la larga lista de calamidades en las que, tradicionalmente, Latinoamérica, a la par del continente africano, se encuentra imbuida. En razón de las consecuencias que, a nivel mundial, está dejando el COVID-19 para la economía de muchos países, el desempleo es, sin duda alguna, una de las más perniciosas.
Esta vez la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, en la persona de Diego García Saucedo, uno de sus voceros, lanzó una alerta, al asegurar que en la región podrían perderse más de 45 millones de empleos, cifra que coincide con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), presentadas en su informe del pasado mes de julio.
Turismo y servicios serán los sectores que se verán más afectados, ante lo cual prevé que algunas empresas trasnacionales, basadas en México, comiencen a anunciar mayores recortes de personal ante la imposibilidad de seguir manteniendo el mismo nivel de operatividad prepandemia.
De igual manera, García Saucedo advirtió que los ingresos de los trabajadores están siendo objeto de reducciones de entre 20% a 25%. Pronostica también una sobreoferta de mano de obra, lo que hará que disminuyan los beneficios asociados a los contratos de las empresas. Menos beneficios, mayor carga laboral.
Muchas de ellas, al finalizar con los contratos de trabajo, se ven imposibilitadas de otorgar algún bono de liquidación a los cesanteados, ya que más de tres meses de inactividad han hecho mella en las finanzas corporativas. Ello contraviene con la mayoría de las legislaciones laborales en América Latina, pero hay que asumirlo y al respecto recomienda realizar convenios entre trabajadores y empresas que permita culminar, con las menores implicaciones legales posibles, con la relación laboral.
No obstante, la reapertura paulatina en la región de la economía, esta situación seguirá presentándose durante los meses venideros, ante lo cual las estimaciones de este indicador podrían quedarse un tanto cortas. Bien es sabido que, en lo que se refiere al PIB latinoamericano, se proyecta una caída de 9,1%, lo que se traduce en una mayor contracción económica, con las consecuencias por todos conocidas.
Es precisamente en este momento, cuando las organizaciones están asumiendo de un todo las consecuencias que les ha dejado la llamada “nueva normalidad”. Se han dado cuenta que, bajo un ambiente pleno de restricciones en materia de salud, la disminución del consumo hará poco probable el mantenimiento de la dinámica empresarial y, por ende, de los puestos de trabajo. Habrá entonces que adaptarse a los necesarios cambios que hay que asumir y plantearse nuevos esquemas de relaciones laborales.
