Quien fuera secretario de Gobierno durante la gestión de Roberto Borge en Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, fue despojado de 19 inmuebles y 21 vehículos por la Fiscalía General del Estado.
Luego de ser detenido el pasado 20 de enero acusado de corrupción, las autoridades realizaron una audiencia de aproximadamente cinco horas, en la que se determinó incautar 18 inmuebles ubicados en Playa del Carmen y uno en Majahual, así como 21 automóviles que se encontraban a su nombre.
Además una jueza de control le otorgó como medida cautelar provisional prisión preventiva para evitar que huya del país mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes y será hasta el próximo 26 de enero cuando se determine si será vinculado a proceso.
#Chetumal Juez de Control autoriza suspensión de audiencia inicial de ex funcionario. Más información en https://t.co/wryCFbJ6Kz pic.twitter.com/bV6iWZwNwc
— Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) 22 de enero de 2018
Mendicuti es acusado de desviar al menos 534 millones de pesos mientras desempeñaba su cargo público.
Además la Fiscalía inició una investigación contra más exfuncionarios de la actual administración en el estado por el mismo delito.
El exfuncionario fue detenido el sábado pasado luego de asistir a una comida con el precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade cerca de la Caleta en Puerto Aventuras.
EL PASADO DE MENDICUTI
Cuando concluyó la gubernatura de Roberto Borge, Mendicuti fue removido de su cargo y se sumaría a la campaña del ahora Gobernador Carlos Joaquín González, quien pretendía renunciar al PRI pero finalmente se retractó.
Tras abandonar su puesto como secretario de Gobierno de Quintana Roo, se involucró en el sector de la construcción como empresario y creó una asociación civil llamada “Kodomo”, que presuntamente apoya a menores con autismo.
Según las investigaciones, fue uno de los prestanombres que ayudaron a Borge a rematar más de 20 predios que integraban una reserva natural.
El precio real de estos predios era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos pero fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos. La diferencia entre las cantidades fue considerada por la PGR como quebranto al patrimonio del estado.
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